Este martes la organización de abogados laboralistas “Defensoría de Laburantes” denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata trabajadores en forma precaria para un call center desde el que se hace campaña política, utilizando además para ello los datos privados de ciudadanos provistos por la línea de asistencia 147.
Las trabajadoras del call center tercerizado a la empresa GIV S.R.L. afirmaron ser “obligadas a hacer campaña electoral para María Eugenia Vidal y Diego Santilli”, además en modalidades laborales de absoluta precariedad. También se cuestionó que la Ciudad habilite el uso de datos privados de la ciudadanía aportados por la Línea 147.
Tamara Rossi, abogada integrante del colectivo de “acompañamiento social y legal” para trabajadores en conflicto laboral, explicó: “Precarizan de forma sistemática a trabajadoras jóvenes sin otra salida laboral, que son obligadas a trabajar sin registración alguna, 12 horas por día por un salario de pobreza. Son hostigadas, presionadas a trabajar sin descanso y obligadas a mentir para alcanzar objetivos políticos”.
Este miércoles paran los trabajadores de los hospitales públicos de la Ciudad
Las denunciantes, que ya iniciaron los correspondientes reclamos laborales contra los responsables implicados, recuerdan: “En el contrato no decía cuántas horas trabajamos, solo que ganábamos $23.000, cuando lo acordado era $80.000 para los que trabajaban 12 horas, y $65.000 los que trabajaban 10”. “Ya sabíamos de dónde eran a quien llamábamos, pero si decíamos que sabíamos de dónde eran, nos suspendían”, añaden.
Según la denuncia, las trabajadoras debían “llamar a las personas de un listado y proponerles tomar un café con alguno de los candidatos y en ningún momento podían decir de dónde conseguían los datos, sino que todo el tiempo debían fingir ser militantes voluntarias”. Pero los datos para el contacto inicial era “provistos por organismos estatales mediante la línea 147, a la cual se llama para hacer reclamos por servicios, consultas o para anotarse a la campaña de vacunación”.
“En medio de todo esto, los insultos y los maltratos eran constantes y había restricciones hasta para ir al baño, y tampoco se cumplió el protocolo para la prevención del Covid-19, ya que eran más de 70 compañeras sin elementos de higiene apropiados, con poca ventilación y distanciamiento, además de contar un solo baño habilitado”, añadió Rossi.
La oposición le cuestionó a Larreta los ajustes en salud, educación y la caída de empleo
La denuncia respecto de la precarización laboral en el call center de GIV S.R.L. no es la primera, ya que en el mes de marzo se realizó el mismo planteo, cuando el Gobierno porteño amplió por medio de una licitación pública la gestión y operación de un “Centro de Contacto Omnicanal Personalizado a los ciudadanos a través de BA 147”, pasando de 264 operadores básicos mensuales a 6.336 trabajadores (en el marco de la gestión de la epidemia de coronavirus). Un mes después, trabajadores del sector denunciaron también que se los obligaba a trabajar incluso con sospechas de estar contagiados de coronavirus.
Según denunciaron desde el organismo de abogados laboralistas, así a la empresa GIV “sin nueva licitación, el GCBA le incrementó el objeto de su contrato en aproximadamente 2.400% por un monto cercano a los 750 millones de pesos”. “Esta modificación contractual es posible por los superpoderes que otorgó la Legislatura a Rodríguez Larreta y que jamás tuvo otro Jefe de Gobierno en democracia”, añadieron.
Después de cuestionar la “precarización y super explotación” del call center, llamaron la atención sobre lo “cuestionable” de que el Gobierno porteño “otorgue a un privado la atención a la ciudadanía y la resolución de situaciones de violencia doméstica sin necesidad técnica o de capital que avale esta decisión privatizadora”. A esta denuncia original, ahora se suma la crítica por el uso indebido que hace el oficialismo porteño de los datos privados de los ciudadanos para la campaña política del partido de gobierno.
