Las manifestaciones en contra de una controvertida reforma a las pensiones comenzaron el miércoles, cuando el Gobierno introdujo las nuevas medidas de cotización a la Seguridad Social, y terminaron en un fuerte enfrentamiento con la policía donde cuatro personas terminaron muertas.
Según medios oficiales, las medidas están basadas en el aumento de la cuota patronal y laboral y en la creación de una nueva cotización para los jubilados. Las nuevas medidas de seguridad social establecen que el pago, que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasa del 6,25 a 7% a partir del 1 de julio próximo. Desde esa misma fecha la cuota de la patronal pasará del 19 al 21%, un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22,5%.
Entre los fallecidos se encuentra un agente, Jiltón Rafael Manzanares Alvarado, de 38 años, quien fue asesinado a tiros en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), según ha dicho la vocera de la Policía Nacional, Vilma González, en una rueda de prensa.
En ese mismo recinto universitario han muerto dos jóvenes, uno identificado como Darwin Urbina y otro, hasta ahora de identidad aún desconocida. Según la prensa local, habría un cuarto fallecido que no ha sido confirmado por el Gobierno, identificado como Richard Edmundo Pavón Bermúdez, un estudiante de secundaria que fue asesinado en el municipio de Tipitapa, cercano a la capital Managua.
En la Upoli hubo fuertes enfrentamientos entre quienes respaldan las reformas a la Seguridad Social y quienes se oponen. Las recientes manifestaciones que se han realizado en diferentes municipios del país contra las nuevas reformas, también ha dejado al menos 33 heridos, según la Cruz Roja.
Adicionalmente los jubilados aportarán un 5% de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades, pero además recibirán, sobre la cuantía de su pensión, asignaciones familiares equivalentes al 13,5% por la esposa o esposo inválido (era del 15%) y 9% por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años (era del 10%).
Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, ya que señalan que, lejos de evitar la quiebra del INSS, propiciarán el desempleo y la informalidad, contribuyendo a la disminución del consumo, la competitividad y el clima de negocios.
