El Gobierno nacional formalizó el decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre próximo la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y, también, la prohibición de efectuar suspensiones, en el marco de la disposiciones adoptadas desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en marzo de 2020.
En el contexto de la emergencia sanitaria y ocupacional, la medida se oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 413, publicado en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Alberto Fernández y sus ministros.
«Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», precisa la norma.
En paralelo, agrega que se prorroga «hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».
La extensión de la medida fue uno de los pedidos que la CGT activó ni bien nos amenazó la segunda ola de covid. De hecho, el viernes acordaron y así se tomó la decisión de firmar la resolución para sostener los empleos hasta el último día del año en curso.
En los considerandos, en el DNU se señala que, a causa de la pandemia, el Estado Nacional «ha adoptado medidas de contención que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia».
El balance del primer año de pandemia da que cerraron en el país 22.860 empresas debido a las restricciones y 235.381 personas quedaron en la calle, según datos de la AFIP.
Asimismo, se explica que «la segunda ola de la COVID-19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo».
En ese sentido, se concluye que «es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de los trabajadores».
Desde el sector empresario hay una fuerte resistencia a la medida, particularmente desde la asunción de Daniel Funes de Rioja en la UIA, quien al entrar en funciones insistió en que «ésta medida lejos de preservar el empleo lo desalienta», en vistas de que las empresas no generan nuevos puestos de trabajo bajo éstas reglas, a las que incluye la doble indemnización y a las que denomina como «triple cepo».
