La Confederación General del Trabajo (CGT) y centrales gremiales internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) repudiaron el protocolo presentado la semana pasada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que apunta a prohibir la protesta y la movilización callejera.
Desde la CGT afirmaron que este protocolo “se interpreta como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad sindical”.
Bullrich presentó un durísimo protocolo contra las movilizaciones y protestas sociales
En el mismo sentido, la central obrera denunció que la media “que vulnera las libertades individuales y colectivas, no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical, y pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad”. Y concluyó remarcando que “la vigencia del estado de derecho es el marco democrático para la búsqueda de soluciones que reclama este momento crítico que vivimos en nuestro país, para lo cual es necesario el diálogo. La consolidación de una democracia con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social”.
La CSI y la CSA repudiaron “de manera categórica” el protocolo, sosteniendo que “otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales”.
La CGT denunció que «no se quedará de brazos cruzados» ante el «ajuste» del Gobierno
Luego enfatizaron que resulta “particularmente alarmante” que la resolución “prescinda de garantías judiciales posibilitando la identificación de los/as manifestantes, introduciendo una burda discriminación por razones de nacionalidad, creando un registro de organizaciones participantes de movilizaciones y abriendo el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir “los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”. Más aún, este paso autoritario se da en medio de un contexto económico tenso, donde el gobierno implementa un brutal ajuste fiscal que sin lugar a duda traerá consecuencias sociales devastadoras. Resulta evidente que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar “el impedimento altránsito”, el gobierno argentino la verdad busca suprimirlas legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas”.
En ese sentido denunciaron estas medidas “como un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales” y exhortaron al gobierno argentino “a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras”. “Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina. Esta resolución no solo es un ataque directo a las libertades fundamentales, sino también un intento descarado de silenciar la voz del pueblo argentino en un momento crucial para el país”, concluyeron, destacando su solidaridad con la CGT y las dos CTAs.
