En Bolivia los problemas no cesan tras el golpe de Estado que terminó con la administración de Evo Morales. En el barrio de Senkata, en la ciudad de El Alto, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una protesta en una planta de gas que finalizó con 8 muertos y más de 30 heridos. Hecho que fue condenado por la Central Obrera Boliviana (COB), colectivo que también reclamó que se dejen de perseguir dirigentes sindicales.
Desde la secretaria ejecutiva de la Central Obrera Boliviana (COB), que conduce Juan Carlos Huarachi, se criticó duramente la represión policial que se produjo en Senkata, durante el operativo realizado para permitir la salida de cisternas que transportan combustible para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto.
Huarachi no ocultó su malestar por lo sucedido y agregó que la represión se realizó mientras sostenía una reunión con la autoproclamada presidenta, Jeanine Añez, en la cual se le pidió que derogue los decretos 4078 y 4082 – referidos al actuar y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Además, el gremio reclamó una convocatoria inmediata a la Asamblea Legislativa, para que pueda sesionar y llamar a nuevas elecciones.
El Espacio Hacia la Intersindical de la Comunicación repudió el Golpe de Estado en Bolivia
«Estamos molestos. Venimos con la predisposición de entablar (el diálogo). Nuestra intención es pacificar el pueblo boliviano, pero entramos y reprimieron a nuestros compañeros en Senkata”, estableció el dirigente. Misma visión tiene sobre los hechos Evo Morales, quien se encuentra exiliado en México.
El Presidente aseguró que durante su gestión se cuidó de no usar armas letales contra el pueblo. Sin embargo, con la instalación de reciente Gobierno de facto han usado balas para reprimir a los movilizados en defensa de la democracia. «El mundo está viendo cómo es un golpe de Estado de la derecha (…) están matando a mis hermanos y hermanas», dijo en referencia a las muertes que se van acumulando por la acción de las Fuerzas Armadas.
Según la Defensoría del Pueblo boliviana, en total se han registrado 30 muertos desde las pasadas elecciones generales del pasado 20 de octubre, de los cuales 27 fueron tras el golpe de Estado.
