El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728 para asignarle el 30% de toda la obra pública, que no supere los 300 millones de pesos, a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El objetivo es ir convirtiendo los planes sociales en trabajo genuino, como se viene planteando desde el oficialismo. El mismo decreto prohíbe seguir sumando beneficiarios a programas como el Potenciar Trabajo, lo que la ministra de Trabajo Kelly Olmos sostiene que no implica «una reducción del gasto sino un cambio de sentido».
“Es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social”, detalla el decreto, que responde a un reclamo de larga data de las organizaciones sociales más cercanas al Gobierno.
Según confirmaron dirigentes del Movimiento Evita y de Barrios de Pie, las cooperativas de trabajo participarán en obras vinculadas, sobre todo, a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de barrios Populares (ReNaBaP), a las de infraestructura social, agua luz y gas o al mejoramiento de centros deportivos y habitacionales.
Oficializaron el programa «Puente al empleo» para transformar planes en trabajo genuino
Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social de la Nación y dirigente de Barrios de Pie, consideró: “El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalece los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social y empleo vinculado con la obra pública de pequeña escala que no requieren grandes maquinarias”.
El artículo quinto del decreto le ordena a la Oficina Nacional de Contrataciones “incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del cinco por ciento de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa ‘Puente de Empleo’”. Al respecto, la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos explicó que esto permite “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”.
La ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos aseguró este viernes que «no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido», al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. La funcionaria, que también es firmante del decreto, afirmó durante una entrevista radial: “Es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más derechos”.
Los planes sociales, en el centro del debate y la agenda política
La ministra también defendió el límite a la incorporación de nuevos beneficiarios de planes como el Potenciar Trabajo afirmando que esto no se hace “con el objetivo de reducir gastos” sino que “la intención es que, con todo lo que se ahorre, se entreguen herramientas y bienes de capital a las unidades ejecutoras. Se pasa del gasto corriente al gasto de capital para las unidades ejecutoras. No hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido, transformándolo en inversión y fortalecimiento de las unidades ejecutoras”.
Olmos también remarcó que con la nueva normativa “se crea un Consejo de la Economía Popular para que el proceso de trabajo sea continuo, con representación de las organizaciones sociales, junto al Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo”. Y añadió: “La idea es que tengan una preferencia de hasta el 5% en las licitaciones aquellas empresas que absorban, por ejemplo un 5% de personal, a través del Portal Empleo. Estamos viendo de qué manera fortalecer el puente del trabajo informal al formal y la economía popular”.
Por último, la funcionaria se refirió a la discusión sobre la reducción de las jornadas laborales a seis horas, considerando que “el mundo debería orientarse en ese sentido”. Para nuestro país destacó que existe “un mecanismo para avanzar en ese sentido que son los convenios colectivos por sector”. Y concluyó: “Hoy no podemos hacer una norma de carácter general, pero se puede avanzar en aquellas actividades donde las condiciones de productividad lo permiten”.
