La jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, ordenó este lunes un allanamiento a la sede central del gremio de Camioneros en busca de documentación que pueda probar “presuntos pagos ilegales por parte de la empresa Rey, de San Pedro”, que sufrió un bloqueo en sus accesos por parte de dos dirigentes locales que reclamaban cuotas sindicales adeudadas.
Al respecto, el abogado del sindicato de los Moyano, Daniel Llermanos, explicó que “el allanamiento tuvo como objetivo “determinar si el dinero que habían percibido Maximiliano Emanuel Cabaleyro y Fernando José Espíndola”, dos integrantes del gremio, ambos detenidos, “había sido efectivamente ingresado a la contabilidad del gremio”.
Acusados de «turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción», por encabezar la protesta contra la empresa de San Pedro, los dirigentes están en el centro de la polémica causa, que por parte de la empresa, lleva adelante la mediática ex funcionaria massista, Florencia Arietto, hoy cercana a Juntos por el Cambio e histórica enemiga de los Moyano.
En ese marco, “la jueza Maiztegui dispuso este lunes el procedimiento para establecer si el reclamo de ambos dirigentes efectivamente estaba relacionado con el pago de cuotas sindicales adeudadas o si se trataba de una acción de ambos por su propia cuenta”.
En ese punto el letrado ironizó: “hoy es un día de fiesta. No estamos seguros, pero creemos que es el allanamiento número mil que padece el sindicato» y en defensa de Camioneros explicó: «se llevaron toda la documentación que muestra que el dinero fue ingresado ese mismo día en la tesorería del sindicato. Fueron a reclamar una deuda, cobraron y trajeron la plata», finalizó.
Mientras tanto, la otra parte seguirá tratando de probar que la “supuesta deuda” es un invento del gremio, y ratificar así la denuncia por “extorsión” que se lleva adelante en la Justicia, hasta que finalmente se dirima el hecho que se viralizó por el carácter mediático que le otorgó el denunciante.
