El reciente anuncio por parte del Gobierno sobre el pago de un bono de 60 mil pesos para trabajadores en relación de dependencia, incluyendo a los estatales, generó diversas reacciones críticas tanto por parte de algunas administraciones provinciales como de cámaras empresariales, que si bien reconocen el deterioro de los salarios critican la oportunidad de la medida.
Por el momento, apenas tres provincias confirmaron el pago del bono a sus empleados: Santiago del Estero (que pagaría un aumento salarial de $55.000 y una suma de $400.000 en cuatro cuotas), Mendoza (aunque gobernada por la oposición, ya confirmó su adhesión a la medida) y La Rioja (que abonará un incremento del 5% del básico junto a una suma fija de $55.000). Catamarca adhirió pero sin confirmar un monto, anticipando que lo negociará con los sindicatos.
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Algunas provincias supeditaron el pago a las negociaciones paritarias en curso. Desde Santa Fe se aclaró que no adhiere porque recientemente se aprobó una cláusula gatillo sobre los salarios, lo que constituye “un mecanismo frente a cualquier instancia de desfasaje de inflación”. Misiones sostuvo que ya se dieron “aumentos en julio y agosto y hay otros sectores como la docencia y las fuerzas de seguridad que recibirán incrementos en septiembre”, lo mismo que CABA, desde donde se reivindicaron aumentos a municipales “con paritarias mensuales y en algún caso hasta quincenales”. En un sentido parecido se pronunciaron Córdoba, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Entre Ríos. Provincia de Buenos Aires reconoció estar estudiando las “posibilidades” para el pago, definiendo a la medida como “muy interesante”.
En cuanto al sector empresarial, la Unión Industrial Argentina (UIA) denunció este martes que medidas como la del bono “colisionan con los consensos salariales ya firmados, a los cuales siempre se ha respondido como dan cuenta los propios registros de la cartera laboral”, planteando que “las medidas para reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”.
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En el mismo sentido se manifestaron la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que cuestionó la “injerencia” estatal en la actividad privada y una “imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, decisión que “pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad”, y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien manifestó una “profunda preocupación”, ya que “buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”.
Frente a estos planteos, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos advirtió que el Estado aplicará multas para las empresas que no cumplan con los pagos, por lo que “van a tener que pagar el bono y encima una multa”. El titular de la AFIP Carlos Castagneto remarcó que, pese a las afirmaciones empresariales, el sector puede afrontar los pagos: “Las empresas están en condiciones de pagar la suma fija. Hay una parte a la que subsidiamos el 100% o el 50%. El resto, son las grandes empresas que, insisto, encontramos evasión y elusión constantemente. La tienen para pagar, no se quejen”. El secretario de Industria Juan Ignacio de Mendiguren concluyó: “No está justificada la reacción de la UIA y de CAME. Les gustó la intervención del Estado incluso pagando los sueldos pero ahora se quejan cuando el Estado interviene para recuperar poder adquisitivo del salario”.
