Este miércoles 15 de julio se cumplen diez años de la sanción de la ley conocida como de “matrimonio igualitario” y si bien nuestro país es uno de los más avanzados del mundo en cuanto al reconocimiento de los derechos para la población LGBTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Intersexuales, Queers y otras identidades), todavía queda mucho por recorrer para transformar la igualdad legal en igualdad real, especialmente en los ámbitos laborales.
La Ley 26.618 fue una reforma parcial del Código Civil de 1869, de la Ley del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y de la Ley del Nombre, cuyo núcleo de modificación radicó en el agregado de una frase al artículo 172 del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En 2012 se le sumó la llamada Ley de Identidad de Género, que permite a las personas trans ser tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida y recibir un DNI acorde. Ambas leyes implicaron la conquista de derechos en el ámbito de la salud, igualdad en cuanto a licencias laborales, cobro de pensiones y otros beneficios.
Pero también en muchos casos esto no implicó una transformación real en los ámbitos laborales, que siguen siendo espacios de discriminación y agresión homofóbica o transfóbica. Un reciente informe del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi) destacaba: “Si bien los cambios legislativos significan un gran avance, en las prácticas sociales continúan arraigados prejuicios y estereotipos que le dan marco a la discriminación y que es necesario revertir. Así, en los contextos laborales sigue existiendo una tendencia a invisibilizar aquellas identidades que se alejan de la heteronormatividad”.
Alejandra González, del SEARA, es la primera mujer trans que negociará una paritaria nacional
Algunos sindicatos han comenzado a sumarse activamente a la lucha contra por la igualdad efectiva, creando secretarías de género y diversidad sexual, luchando por la incorporación de cláusulas anti discriminación en distintos ámbitos laborales e incluso incorporando a personas trans a las instancias directivas de los gremios (como fue el caso de Alejandra González, secretaria Laboral del Sindicato de los Empleados de las Administradoras de Edificios, quien a inicios de este año se transformó en noticia por ser la primera mujer trans negociar las paritarias de su gremio). Pero todavía estos casos siguen siendo minoritarios.
En particular el colectivo trans (hombres y mujeres) es el más afectado por una alta tasa de desempleo en nuestro país, en particular quienes no tuvieron acceso a una completa educación formal. Así, la mayoría de las personas trans, particularmente mujeres, debieron someterse a situaciones de explotación sexual o caer en la prostitución como único modo de subsistencia. Según datos de una Encuesta Nacional sobre Población Trans llevada a cabo en el municipio de La Matanza en 2012, el 95% de la población travesti está o estuvo en situación de prostitución, mientras que el 77% afirma que dejaría de prostituirse si tuviera la posibilidad. Pero incluso las pocas que lograron acceder a un trabajo registrado han denunciado graves situaciones de discriminación, que en muchos casos las forzaron a abandonar esos empleos.
Por esta situación es que resulta tan importante avanzar con la aplicación efectiva de leyes de cupo laboral travesti trans. En nuestro país hoy sólo cinco provincias aprobaron leyes en este sentido para la administración pública (Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Río Negro y Chaco), pero en ninguna se ha logrado su cumplimiento efectivo. El desafío también pasa por extender esta legislación al trabajo privado y a los gremios.
A fines de junio Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y Mara Ruiz Malec, ministra de Trabajo bonaerense, firmaron la resolución conjunta Nº 1 para crear una Comisión Técnica Mixta que avance en la implementación del cupo laboral travesti trans, que debería garantizar que el 1% del sector público sea cubierto por personas travestis, transexuales y transgénero. El texto detalla que la iniciativa se impulsa con el fin de “garantizar la igualdad efectiva, el respeto y la inclusión social y laboral del colectivo trans y permitirá contar con una herramienta fundamental para el logro del objetivo de igualdad real de oportunidades en el empleo público que en política de empleo se ha fijado el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
A nivel nacional, a pesar de que en 2018 se aprobó la Ley N° 14.783 (conocida como Ley Diana Sacayán en honor a la histórica activista por la inclusión del colectivo travesti, asesinada en 2015 en lo que fue definido como un crimen de odio) nunca se la implementó efectivamente, lo que continúa como uno de los grandes reclamos pendientes para dar pasos efectivos en la lucha contra la discriminación a nivel laboral.
