Las protestas de los chalecos amarillos que se produjeron en Francia durante 2018 y 2019 generaron que el Parlamento, con el apoyo del sector de Emmnauel Macro, modifiquen leyes en pos de endurecer penas contras las manifestaciones.
Entre los cambios más significativos de la nueva legislación, se permite que los prefectos (delegados del gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que hayan cometido actos graves contra la integridad física de personas o «daños graves» contra bienes en protestas precedentes, que representen «una amenaza de particular gravedad para el orden público», con una pena de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.
También, se menciona que las fuerzas de seguridad, en caso de que la Fiscalía lo autorice, podrán registrar bolsos y vehículos que participen o estén alrededor de una protesta con el objetivo de recoger objetos o armas que puedan producir daños. La normativa también da cuenta que si una persona decida taparse el rostro en una manifestación salvo que puedan alegar un «motivo legítimo», serán susceptibles de ser condenados a un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Asimismo, las fuerzas de seguridad tendrán un registro de las personas que no puedan estar en una movilización. A favor de esta iniciativa se pronunciaron los partidos de derecha y de centra y la rechazaron, previsiblemente, los socialistas, comunistas y otros legisladores de izquierda.
