El plan del Gobierno nacional de avanzar en una profunda reforma previsional, según lo pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), comenzará por el estudio de los regímenes diferenciales de unos 50 gremios del transporte, la industria o los servicios que prevén jubilaciones a los 55 años, con 25 años de aporte, por considerar que se trata de trabajos riesgosos o de envejecimiento prematuro.
La creación de esta comisión de expertos, bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Social encabezada por Gonzalo Estivariz, dedicada al análisis de esos convenios ya hizo sonar las alertas de numerosos gremios, que alertan sobre una posible primera etapa hacia cambios más ambiciosos como los solicitados por el FMI, que apuntarían a elevar notoriamente la edad jubilatoria para todos los ciudadanos.
En los últimos días desde Seguridad Social se requirió información de unos 50 gremios y entidades empresarias del sector aeronáutico, marítimo, ferroviario, taxista, tranviario y portuario, pidiendo detalles sobre “las tareas y puestos de trabajo incluidos en el régimen diferencial”, así como acerca de las “condiciones y medio ambiente en que se desarrolla cada puesto”, regímenes horarios, factores de riesgo para la salud y otros detalles. Ya a mediados del año pasado el Ministerio de Producción había encargado un informe sobre las actividades o tareas que “merecen” este tipo de regímenes especiales.
Si bien desde el oficialismo se desmiente que el objetivo sea recortar esas jubilaciones, la comisión de expertos podría evaluar un aumento de las edades o una modificación de las tareas incluidas en el sistema, así como un aumento de las contribuciones patronales respectivas.
La preocupación gremial al respecto llevó a que el pasado 22 de febrero una comisión de la Confederación gremial del Transporte (CATT) recibiera al ministro de Producción Dante Sica y al secretario de Trabajo Lucas Fernández Aparicio para anticipar un rechazo a cualquier tipo de modificación en los esquemas de retiro temprano. En los próximos días se realizará otra reunión con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, ya que también desde esta cartera se estuvo requiriendo información sobre los regímenes diferenciales.
La Federación Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) informó que hace pocos días recibió una carta de Stanley que planteaba: “Se considera fundamental que los regímenes diferenciales se propongan ser sustentables a partir de la implementación de un adecuado financiamiento y para las tareas estrictamente justificadas desde el punto de vista técnico, es decir, que efectivamente se compruebe un riesgo, un desgaste o un envejecimiento precoz de la salud de los trabajadores que la desempeñan”.
Desde la CATT se evalúa incluso la posibilidad de convocar a un paro contra el intento oficialista de avanzar en lo que se consideran medidas “de ajuste” contra los trabajadores. También la CGT y las dos CTA manifestaron su oposición a cualquier tipo de reforma previsional regresiva, sea en el sentido de la pérdida de este tipo de regímenes individuales o en el del avance hacia proyectos de “capitalización individual” similares a los de las extintas AFJP.
