A pocos días de su asunción como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro anunció una serie de polémicas medidas políticas y económicas con el fin declarado de reducir el déficit fiscal del país y mejorar su competitividad. Además de los anuncios de reducción del salario mínimo y un gigantesco plan de privatizaciones, también se destacan la promesa de eliminar los planes sociales y la justicia laboral, en un claro ataque contra los derechos de los sectores más desfavorecidos del país.
El gobierno de Bolsonaro anunció en estos días que se está preparando una amplia auditoría sobre los planes sociales otorgados por el Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), además de la elaboración de un decreto presidencial para actualizar los requisitos necesarios para acceder a uno de estos planes. Para motivar a los analistas a detectar irregularidades se prevé una recompensa de 57 reales (unos 15 dólares) por cada caso que detecten. Los objetivos prioritarios de análisis serán las pensiones por invalidez y muerte, la jubilación rural y el “auxilio reclusión” (una ayuda para familiares dependientes de personas detenidas).
Según el oficialismo, esta depuración podría generar un ahorro de hasta 3 mil millones de dólares en el presupuesto nacional, lo que equivale a un 4,2% del déficit anual de la asistencia social. Pero si el objetivo fuera el de eliminar totalmente el déficit en seguridad social el recorte debería llegar a los 60 mil millones.
También se prevé avanzar en una profunda reforma del sistema jubilatorio de Brasil que, según anticipó el ultraliberal ministro de Economía Paulo Guedes, además de aumentar la edad jubilatoria en dos años, apuntará a ir hacia un sistema de jubilación privada similar al implementado en Chile.
Otro de los grandes objetivos explicitados por Bolsonaro tiene que ver con reducir los costos laborales, presuntamente para mejorar la competitividad y motivar la llegada de inversiones al país. En este sentido, planteó en estos días la posibilidad de eliminar a la Justicia laboral por considerar que existe un “exceso de derechos” para los trabajadores.
Durante la primera entrevista concedida a un medio luego de su asunción, explicó que podría hacer una propuesta para la extinción de la Justicia del Trabajo, que además sostuvo que se encuentra muy “politizada”. Y añadió: “Cuando uno piensa en producir alguna cosa, cuando ve la cuestión de los encargos laborales, que molestan a todos en Brasil, esa persona desiste de emprender”.
Bolsonaro, que ya eliminó al Ministerio de Trabajo, redistribuyendo sus funciones en las carteras de Economía y de Justicia, concluyó: “¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. Si un trabajador entra en la Justicia y pierde, tiene que pagar. Mira Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo”.
