El gobierno insistirá en el Congreso con el blanqueo laboral

Después de la pausa de verano, el Gobierno -ya en carrera electoral- buscará debatir en el Congreso, el blanqueo laboral que a groso modo anticipa grandes beneficios a los empresarios por declarar trabajadores no registrados.

En ese sentido un punto clave del proyecto es «la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa que pudiese pesar contra el empleador por la contratación informal».

Desde la cartera de -Producción y Trabajo- que encabeza Dante Siga, ya vienen dando anticipos del tratamiento de un tema que estuvo en carpeta desde el inicio de la gestión Macri pero nunca tuvo cuorum en la CGT y por lo tanto el peronismo, alineado con la central obrera no permitió avanzar con el debate.

De hecho ya anticiparon los secretarios generales de la central -Daer y Acuña- que este año tampoco prosperará el debate en medio de una crisis económica estructural con pérdida de miles de puestos de trabajo y cierres de fábricas todos los días.

En el gobierno insisten en que la reforma estará puesta en el “blanqueo” y la “litigiosidad”, donde sería factible la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas.

De acuerdo al  texto original enviado al Congreso se establece un período de un año para el blanqueo: los primeros seis meses sin costo para el empleador, y los restantes con un descuento del 70% de las penalidades previstas en la legislación para casos de irregularidades en la inscripción.

En  cuanto a los trabajadores “exteriorizados” el texto prevé reconocerles 60 meses de aportes previsionales en una suerte de moratoria.

Dejando de lado aristas que son inviables en la negociación como pasantías y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, los funcionarios tienen confianza en poder negociar tanto con el «sindicalismo» como con la «política» para que la reforma salga aprobada del Congreso en el arranque de las sesiones ordinarias.