Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) menos de un tercio de las personas con discapacidad en edad laboral logra acceder al empleo en nuestro país. Los más afectados son los jóvenes de hasta 29 años.
Estos datos se desprenden del informe nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que se presentó esta semana en la Casa Rosada, durante un acto con la presencia del presidente Mauricio Macri y de la vicepresidenta Gabriela Michetti. El estudio confirma que en el país existen 3.571.983 personas con algún tipo de limitación física o intelectual (un 25% de los hogares tiene al menos a una persona en estas condiciones), lo que representa un 10% de la población total de 6 años en adelante. Casi el 17% de esta población se encuentra en edad laboral, pero la tasa de inactividad es de 64,1% y el desempleo llega al 10,3%, casi un punto más que el de la población en general.
El estudio también confirma fuertes diferencias según sexo y edad, ya que para los hombres el promedio de ocupación es del 40%, mientras que para las mujeres llega al 25%. Etariamente, el grupo mejor ubicado en términos laborales es el de entre 30 y 49 años, con una actividad de 64,3% y una tasa de empleo de 58%. Por otro lado, la franja etaria en edad laboral con mayor índice de inactividad es la de 14 a 29 (65,4%), que tiene un 16,5% de desocupación.
En cuanto a los que lograron ingresar al mundo laboral, un 66% se desempeña en el sector privado y otro 34% en el público. El 3,3% es patrón, el 6,8% realiza tareas en el ámbito doméstico, un 40,5% trabaja por cuenta propia y el 49,4% es empleado.
Carolina Mazzochi, directora ejecutiva de Fundación Par (institución dedicada hace 30 años a promover la inclusión laboral, social y educativa de personas con discapacidades), consideró: “Son numerosos los desafíos para incorporarse al mercado laboral, entre ellos, prejuicios negativos sobre las capacidades profesionales de estas personas y sus logros académicos inferiores, como consecuencia de prácticas de formación excluyentes”.
Pero ni siquiera el Estado Nacional cumple con sus obligaciones legales al respecto. El artículo 8° de la ley 22.431 establece que el Gobierno debería reservar un 4% de los planteles estatales para ser ocupados por personas con discapacidad, algo que no se está respetando. En Chile, además, existe una ley que obliga a las empresas de más de 100 personas a reservar un 1% para trabajadores con alguna discapacidad, una medida que numerosas entidades que trabajan con personas con discapacidad proponen replicar en nuestro país.
