En las últimas horas el gobierno de Javier Milei anunció un nuevo avance ccontra los medios públicos, anticipando la baja definitiva de las redes sociales y sitios web de las distintas señales de radio y televisión del sistema estatal de medios de comunicación. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunció la existencia de un plan de “destrucción” implementado por el oficialismo.
La decisión se dio a conocer por medio de un comunicado firmado por el interventor de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado Diego Martín Chaher, que dispoone “suspender todo tipo de emisión y/o transmisión en redes sociales de contenidos hasta que se establezcan los cambios de criterios”.
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“Los Medios Públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan”, detallaron desde el Gobierno, explicando luego que “por eso, se ha tomado la decisión de pausar temporalmente todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de los Medios Públicos. Esta medida abarca a las redes sociales y sitios web de Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paka Paka y Canal Encuentro, hasta que se reorganicen los procesos de trabajo y producción de contenidos. De esta manera, se unificarán los criterios de difusión en redes sociales y se reiniciará la comunicación digital luego de una reorganización interna de las empresas”. El uso de la construcción «proceso de reorganización», más allá de su intencionalidad, trae a la memoria a la última dictadura cívico-militar, que se autodefinió como «Proceso de Reorganización Nacional».
Los cientos de trabanjadores de los medios amenazados ya manifestaron su preocupación por la continuidad de sus puestos de trabajo, alertando por la dinámica de vaciamiento que en la práctica del Gobierno suele preceder al proceso de privatización o cierre liso y llano. La situación es más díficil aún si se tiene en cuenta el antecedentes de la Agencia de Noticias Télam, cuyo cierre fue una de las primeras decisiones oficiales.
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Pero incluso más allá de la amenaza laboral, la decisión oficial busca fortalecer su control total sobre los medios de comunicación, un camino en el que durante los últimos meses ha ido acumulando numerosas denuncias de presiones sobre periodistas, amenazas y diversos tipos de censura para impedir la difusión de contenidos críticos con el Gobierno (o no afines a su línea política) desde el sistema de medios públicos.
El memorandum firmado por Chaher propone ceder “el manejo de redes de Televisión Pública, Radio Nacional, conjuntamente con todas sus emisoras, únicamente a la Gerente de Medios Digitales e Institucionales, ello hasta que se reorganice y reestructure la comunicación de la empresa”. Esta es Agustina Zeballos, quien fuera Directora de Relaciones Institucionales y Prensa durante la gestión de Rosario Lufrano en RTA. A partir de ahora, “será la única autorizada a contar con las claves que permitan el acceso o levantamiento de material en dichas redes sociales, quedando sujeta a las demás instrucciones que se impartan desde la intervención”.
Ante este escenario, el Sipreba denunció públicamente el plan de “destrucción”: “Desde las Comisiones Internas en Radio Nacional y TV Pública rechazamos el silenciamiento de las redes sociales de ambos medios de comunicación públicos, que serán apagados durante una presunta ‘reestructuración. Denunciamos esta nueva muestra de censura y de amedrentamiento que se suma al silenciamiento de Télam. El gobierno de Milei pasó por arriba del Congreso de la Nación con la intervención, eliminando el directorio y ahora avanza en su plan de destrucción. Los senadores y senadoras deben defender los medios públicos rechazando su privatización y la ley bases”.