En el marco de la convocatoria por el Día Internacional de la Mujer, la Confederación General del Trabajo (CGT) y su corriente de Mujeres Sindicalistas, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) hicieron público un documento en el que denuncian el brutal impacto del plan económico del Gobierno de Javier Milei y su ofensiva contra los trabajadores y sindicatos, al tiempo que llaman a los legisladores a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
En el documento denuncian que el gobierno de Milei “vino a intentar reconfigurar regresivamente el orden político, social y económico en nuestro país, para instaurar un régimen de dominación que asegure la acumulación de riquezas a un pequeño grupo privilegiado de poder”. En ese sentido, detallan que se vienen aplicando medidas que ya provocaron “un descomunal saqueo de los bolsillos de trabajadoras y trabajadores” en apenas tres meses, “con la devaluación de la moneda, el congelamiento de los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales”, lo que genera que se produzcan cotidianamente despidos en el sector público y privado, y un aumento “sin freno los precios de los alimentos, la energía, el transporte, los alquileres, y los medicamentos”.
Un Día Internacional de la Mujer muy especial, en lucha contra el Gobierno y su DNU
El texto remarca que el vigente DNU 70 “pretende consolidar este proceso, liberando la acción de los grupos de poder económico, suprimiendo derechos laborales, y poniendo el Estado al servicio de los intereses del gran empresariado”, por lo que el oficialismo “maniobra en el Congreso para eludir la obligación de someterlo a debate parlamentario”. Mientras tanto, se avanza con un “programa empobrecedor y antidemocrático”. También denuncian que Milei “se empeña muy especialmente en estigmatizar a las organizaciones sociales” y que la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello “aplica su motosierra no enviando alimentos a los barrios”.
Al respecto, insisten en que el programa oficialista “tiene entre sus prioridades implantar una reforma laboral regresiva, contrariando derechos fundamentales que son conquistas históricas de la clase trabajadora”, entre otra cosas con un “escandaloso intento de legalizar la precarización laboral, junto a las imposiciones que pretenden cercenar el derecho de huelga, limitar la actuación de los sindicatos y reducir el alcance de los convenios”, todo lo que “apunta a debilitar la organización colectiva de trabajadores y trabajadoras”. Ante esta ofensiva, los firmantes reiteran su decisión de resistir y defender las respectivas organizaciones, como se hizo “en 2016 cuando el gobierno de Macri las quiso intervenir”.
También apuntan contra el intento “presente en el DNU y las iniciativas de reforma legislativas” de profundizar la represión, criminalizar la protesta social y penalizar y el hostigar a la dirigencia. En este sentido, destacan que se está enfrentando “una embestida neoliberal que impulsa nuevamente una reforma del Estado que se expresa en el recorte de políticas públicas, el cierre de ministerios, áreas y programas, miles de despidos, la amenaza de privatización de empresas estratégicas, y la desregulación de la economía que acelera el empobrecimiento de los hogares de nuestro pueblo, y agudiza la feminización de la pobreza, porque muchos de esos hogares son sostenidos por mujeres”. También señalan que el Estado Nacional “se retira de su responsabilidad en las provincias, dejando a la población sin acceso a políticas públicas fundamentales”.
El plan oficial, afirman, incluye un “ataque a la educación, la universidad, la ciencia y la cultura” que “es consustancial al proyecto autoritario de este gobierno, que requiere reprimir el pensamiento crítico y bloquear toda afirmación de soberanía”. Frente a esto, destacan que el ejercicio del derecho a la educación pública, desde el nivel inicial hasta la universidad, “requiere garantías estatales, financiamiento adecuado y políticas públicas que sostengan su desarrollo como un factor de movilidad social ascendente y de reducción de las desigualdades”.
En cuanto a la salud, se denuncia que “las medidas de liberalización de la economía han generado un impacto terrible en términos de acceso a este derecho básico”, con subas de medicamentos de hasta un 300%, freno a las licitaciones y desabastecimiento de insumos, paralización de obras de infraestructura y aumentos “sin medida” de las cuotas de prepagas, mientras que “se anuncia la intención del gobierno de desregular las obras sociales” y el “aumento de la demanda sobre los efectores públicos está generando una demanda que expone al sistema de salud al colapso”.
Representantes gremiales participaron del debate en Diputados sobre el DNU y la Ley Ómnibus
También se critica el cierre de la Agencia de Noticias Télam (“prueba palpable del autoritarismo que sustenta la campaña de descrédito hacia los medios públicos y alternativos”) y el negacionismo de Milei respecto de la existencia de las brechas de género en nuestra sociedad (“un prejuicio que no sólo ignora los datos de la realidad, sino que expresa una concepción de la sociedad que encuentra en el patriarcado un factor decisivo para asegurar la desigualdad de poder y las condiciones de su reproducción”). Y agregan: “Todos los agravios a las condiciones de vida de los sectores populares castigan siempre mucho más a mujeres, diversidades y niñeces, y fortalecen la discriminación e invisibilización de las identidades generizadas, racializadas, migrantes y originarias, y de las personas con discapacidad”.
También se recuerda que el Gobierno anunció sus intenciones de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, debilitó la Ley Micaela, prohibió el lenguaje inclusivo y definió a las moratorias previsionales como “falsas jubilaciones”, anunciando además sus intenciones de “liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y destruir el sistema previsional solidario”. En el mismo sentido, el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad “no sólo es consecuente con la ideología patriarcal y retrógrada del oficialismo, sino que conlleva el desmantelamiento de áreas y líneas de política pública que en lugar de suprimirse deberían ser fortalecidas”. “El Estado es responsable. Este gobierno es culpable de ese retroceso y abandono”, sostienen.
Luego de convocar a enfrentar los ataques oficiales con “organización, solidaridad y amor”, llaman a “no dejar pasar” el DNU “que empobrece al pueblo, violenta la democracia y cercena nuestras libertades” y ratifica la decisión de continuar en las calles “para defender los derechos conquistados y para seguir construyendo una patria soberana y con justicia social”. “No hay libertad sin igualdad y sin democracia”, concluyen.
