En las últimas horas se confirmó que las organizaciones sociales más afines al Gobierno nacional participarán de los equipos de control del cumplimiento del programa Precios Justos, una iniciativa oficial para mantener fijos los precios de casi dos mil productos de la canasta básica durante cuatro meses.
En una primera etapa, organizaciones como Barrios de Pie estarían realizando “capacitaciones y jornadas de difusión en el uso de la aplicación” (una app diseñada especialmente para controlar y denunciar el cumplimiento de los acuerdos de precios), según confirmó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social Daniel Menéndez, después de una reunión con el secretario de Comercio Interior Matías Tombolini.
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“Vamos a orientar que los consumidores que detecten incumplimiento en los comercios hagan las denuncias que están planteadas en Precios Justos para que se canalice a través de la fiscalización”, destacó Menéndez. Luego enfatizó que el programa también tiene “un esquema de control a cargo de los intendentes, a los cuales se les va a transferir el 25% de la multa a cambio de un control y auditoría muy fuerte”. En ese esquema, las organizaciones sociales operarían como “auxiliares”.
Menéndez agregó, en declaraciones a Infobae: “Cambiamos todo el sistema de penalizaciones, el tope pasó de 5 millones a 280 millones de pesos para los incumplimientos” y amplió “las multas van de 0,5 a 2100 canastas básicas de hogar tipo 3″. Y anticipó: “Se realizarán las multas a quienes no cumplan en precios, abastecimiento y señalización”.
Para terminar, el dirigente de Barrios de Pie reconoció: “No tenemos poder de fiscalización pero sí vamos a difundir y multiplicar el uso de la aplicación de Precios Justos”. Y concluyó: “El sábado se va a realizar una jornada de difusión en todo el país para que sea un éxito esta política pública”.
