La situación procesal de los dos gremialistas de camioneros detenidos en San Nicolás en el marco de la investigación por el bloqueo y presunta “extorsión” contra una empresa de alimentos de San Pedro se agravó con una nueva imputación y Hugo Moyano habló de “Lawfare”.
El argumento judicial sería que como resultado de un allanamiento en la sede gremial, se secuestraron recibos donde constarían el supuesto “ingreso de dinero” proveniente de los empresarios denunciados pero sin documentos que avalen la presunta deuda esgrimida por el sindicato.
A partir de esa documentación, la fiscal María Del Valle Viviani sumó el delito de “extorsión por suscripción de documento jurídico” a las acusaciones previas por «turbación de la posesión» y “extorsión” que ya pesaban contra Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y de la CGT y concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola, también representante del gremio de choferes.
La noticia de la detención de los dos dirigentes de Camioneros de San Nicolás –ya que este lunes venció el plazo para solicitar la prisión preventiva de los acusados- provocó una inmediata reacción a nivel nacional de la conducción sindical que no dudó en vincular lo sucedido a un nuevo acto de «lafware» y lo consideró un hecho más de “armado de causas” incluido en el combo de la “Gestapo antisindical”.
En caso de ser avalada por la Justicia de Garantías, los sindicalistas continuarían detenidos hasta el inicio del juicio oral (rigen ocho meses para la elevación de la instrucción), situación que ya anticipa protestas y movilizaciones organizadas desde la central del sindicato camionero.
En febrero de 2021, la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a Cabaleyro, Espíndola y a algunos empleados de la firma luego de una dura protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados.
Se vienen días claves en el avance de la causa y desde camioneros adelantaron que se viene una fuerte embestida en ésta acusación que fue impulsada por el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), quien denunció que “los manifestantes impedían que los camiones salieran a trabajar”.
