Este jueves se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo una audiencia de conciliación entre representantes del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la patronal Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) por la disputa que hace semanas se lleva adelante en todo el interior del país, en reclamo por el pago de los aumentos acordados en las paritarias de este año.
Los representantes de FATAP sostuvieron durante el encuentro que «no existe en el interior del país ninguna posibilidad de mejora en materia tarifaria que permita a las empresas nucleadas en esta entidad cumplir con el compromiso del incremento salarial previsto en el acuerdo salarial suscripto», por lo que las prestadoras se encuentran obligadas a «buscar otras alternativas que permitan mejorar la ecuación económica, mediante la suspensión de servicios y la inevitable suspensión de personal de manera proporcional a las frecuencias afectadas».
Según la federación patronal, la situación es especialmente grave en jurisdicciones como Santiago del Estero, Salta, Jujuy Mendoza, Catamarca, Chaco y Corrientes, donde las tarifas «son inferiores a las convalidadas para el área metropolitana de Buenos Aires», panorama que se agrava con «la percepción de compensaciones equivalentes a menos de la mitad de las percibidas por los prestadores de jurisdicción nacional».
Desde la UTA se recordó que en febrero de este año se firmó con FATAP un acuerdo que establecía un aumento salarial de 15,20%, que en julio fue actualizado a 25,5%, de lo que solamente se ha abonado un 5,7%.
El gremio manifestó su «preocupación» por la ratificación empresaria de «una situación ya de por sí irregular», porque, más allá de las razones que «pueden llegar a ser atendibles», lo concreto es que se está «dejando sin el sustento debido a los trabajadores», incumpliendo una readecuación salarial ratificada y homologada por el Ministerio (hoy secretaría) de Trabajo. En este sentido, el gremio «no tiene más opción que accionar en auto tutela de sus derechos laborales», sosteniendo el plan de lucha y el «estado de alerta» previamente declarado en todas las jurisdicciones del interior del país.
La cartera laboral consideró que con el incumplimiento de sus obligaciones legales «ha producido un agravamiento de la situación» ante la que resulta necesario «resguardar el carácter alimentario de los salarios, readecuados al último acuerdo salarial signado».
Junto con la decisión de obligar a las empresas al «cumplimiento inmediato» del acuerdo salarial se insta a la UTA a cesar con las medidas de fuerza, fijando una nueva audiencia para el próximo 18 de octubre.
