En el intento de promover el cuidado del medioambiente, el Gobierno impulsa un proyecto en el Congreso que generó amplio debate y rechazo en distintos sectores de la industria. Básicamente porque una de la opciones que propone la llamada Ley es el cobro de una tasa de hasta el 3% sobre el precio de los envases que sirva para financiar el reciclado de los residuos.
La propuesta ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados y definirse. En Argentina diariamente se producen 50.000 toneladas de residuos. Los municipios invierten entre el 10% y el 40% de sus presupuestos para gestionarlos. El 20% de los residuos son desechos sólidos urbanos generados por el consumo de envases y sólo el 9% termina en circuitos de reciclaje.
Pero, como contraparte, el argumento de las compañías del sector es que “este nuevo impuesto recaerá directamente a precios y presionará sobre la inflación. El de Medio Ambiente, hace hincapié en que “este marco regulatorio intenta que la industria que coloque en el mercado productos que contaminantes, se hagan responsables por eso”, explicó Sergio Federovisky, viceministro del área.
Según fuentes oficiales, el proyecto incluye dos aristas: la primera, y más polémica, es el pago de la tasa ambiental que va del 0 al 3% del precio mayorista del envase, -no del contenido-. Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que se destinará a «fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases y promover la inclusión de los recicladores, entre otras herramientas a tal fin”.
La segunda opción, que ha pasado más inadvertida, plantea que cualquier empresa que se comprometa a reciclar sus propios envases no pague ese cargo.
Las empresas productoras rechazaron de plano la imposición del costo del reciclaje que “se sumaría a los altos impuestos que ya pagan los productos en general, como el IVA o los Ingresos Brutos”. Y en ese sentido, los especialistas en el tema ejemplificaron con casos como la leche, que tributa un 26%, -de los cuales el 66% corresponde al IVA y el 17% a Ingresos Brutos- o el caso del pan, que es gravado con un 21,5% de impuestos y la carne con el 28,1%.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) consideró que la propuesta es “anacrónica” y que genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, a lo que el Gobierno respondió que el proyecto de ley “no fija un impuesto sino una tasa que conlleva una contraprestación” y que podrá ser sorteada por las empresas que gestionen de forma privada el reciclado y el tratamiento de los envases.
Desde el sector de Bodegas de Argentina, la cámara que las nuclea, señaló que comparten “el principio de responsabilidad extendida que nos cabe sobre los envases de nuestros productos” y asumen su compromiso con el “cuidado del medio ambiente” apoyando toda medida tendiente al cuidado del medioambiente pero no que esa medida sea “la aplicación de un impuesto” que se suma a lo que consideraron una “carga tributaria insostenible”.
Por otra parte, la Cámara Industrial de Productores de Artículo de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (ALPHA) , reaccionó rápidamente y apuntó que “el sistema de gestión se debe financiar mediante el aporte de los envasadores por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado nacional y determinado según los diferentes tipos de envases y/o materiales que los componen”
Desde CADIBSA., la cámara que agrupa a los fabricantes de bebidas, compartieron la necesidad de contar con una Ley de Envases y aceptan el principio de Responsabilidad Extendida y compartida del Productor, pero no coincidieron con que el método para abordar este problema sea “agregando a todos los productos envasados una mayor carga tributaria -actualmente del 50% para el sector de bebidas», lo que consideraron “insostenible”.
