Desde el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que mide la pobreza multidimensional para determinar quiénes sufren carencias no monetarias como vivienda, salud o empleo, surgió un índice de la pobreza multidimensional, que incluye otros aspectos como vivienda, empleo o salud, y que alcanzó el 49,6% de los habitantes, lo que equivale a unas 22,7 millones de personas.
El indicador estudia las ”dificultades para acceder al empleo remunerado, precariedad laboral de los trabajadores, déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga)”, sobre el empleo y la salud. También el nivel de “inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes, logro educativo insuficiente” respecto a la educación.
El estudio es realizado por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, una oficina que depende de Presidencia de la Nación y que hasta hace pocos días fue conducido por Victoria Tolosa Paz, la hoy candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, quien dejó ese cargo para dedicarse de lleno a la campaña.
Desde el organismo difundieron los motivos de la medición: “arribar a un índice de pobreza multidimensional basado en el enfoque de derechos, se seleccionaron indicadores que contemplen las siguientes dimensiones: vivienda, hábitat y servicios básicos, educación, empleo y protección social y salud”. Según la metodología oficial, un hogar puede ser considerado pobre de manera multidimensional si tiene carencias en dos de los aspectos anteriores.
El índice de la pobreza multidimensional alcanzó el 49,6% de los habitantes a fines de 2020. En ese sentido, los criterios de consideración para establecer esa medición alternativa de la pobreza toman en cuenta la “precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable”, respecto al primer ítem incluido.
El Consejo de Políticas Sociales aclaró que no se trata de una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sino que se trata de un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado diseñe respuestas de política pública diferentes a las que solo tienen en cuenta la situación económica.
Tras el primer impacto de la pandemia en la economía argentina, el indicador de la pobreza multidimensional había pegado un salto de casi 20%: subió desde el 28,8% que había registrado en el primer semestre de 2019 hasta el 47%. El golpe que significó a los ingresos y los empleos de las familias la cuarentena estricta de los primeros meses de crisis sanitaria se tradujeron en un fuerte deterioro de las condiciones sociales.
Ya en los últimos meses del año, con una reapertura progresiva de las actividades y la flexibilización de restricciones de movimiento, la actividad comenzó un camino de recuperación muy paulatina, por lo que ese impacto en la pobreza y el desempleo fue menor.
El Consejo de Políticas Sociales aclaró que no se trata de una medición que reemplace al índice de pobreza por criterio monetario que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sino que se trata de un indicador complementario.
En ese sentido, el indicador de pobreza multidimensional varió desde el 46,9% de la primera mitad del año hasta el 49,6% con el que cerró el año de la pandemia lo que representa al 39,8% de lo hogares. De esa manera, en un año y medio poco menos de 10 millones de personas pasaron a estar bajo la condición de pobreza multidimensional.
Por otro lado, el mismo organismo realizó una suerte de metodología “integrada” entre las dos mediciones de pobreza. Así, estableció que un 32,6% de la población es, al mismo tiempo, pobre medido de forma monetaria y multidimensional y solo un 41,5% de los habitantes no son pobres de ninguna de las dos maneras.
