La Unión Industria Argentina (UIA) sorprendió con un planteo respecto a que las empresas podrán considerar eliminar la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, evaluar «cesar la remuneración».
Refiriéndose al tema, fue el mismo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien ofició de vocero al terminar la reunión de Junta Directiva en la que se analizó el contexto sanitario de la actividad productiva y coincidieron en pedir al Gobierno que cesen las restricciones para acceder a los lugares de trabajo.
En ese sentido agregó que «aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración», disparó Funes de Rioja.
Las declaraciones se dan en medio de un debate donde desde el Gobierno también se busca incentivar la vacunación a través de «premios y castigos», pero sabido es que desde la legalidad resulta casi imposible encontrar sanciones para una inoculación que es «voluntaria», debido a la fase de prueba en la que aún se encuentra.
La cuestión de los empleados que evitan ser inmunizados contra el Covid a pesar de que existe la disponibilidad de vacunas en el país entró en un «limbo» legal. La última resolución del Ministerio de Trabajo habilitó a las empresas a reclamar presencialidad a su dotación de personal que cuente con al menos una dosis. Para la UIA, esa norma habilita a las empresas a dejar de pagar el salario de aquellos empleados que, teniendo la posibilidad de vacunarse, deciden no hacerlo para no volver a trabajar de manera presencial.
La UIA plantea la necesidad de retomar la prestación laboral de sus empleados y para ello se compromete a continuar con los protocolos adaptados para prevenir la enfermedad en ámbitos fabriles pero exigen medidas paralelas para que los trabajadores ingresen al lugar colectivo de trabajo: la vacuna.
A su entender, «debe cesar la dispensa que la norma le autorizaba a no trabajar, en muchos casos ni siquiera de forma remota pero seguían recibiendo sus haberes u otras asignaciones. Esta obligación atendía un principio de buena fe por la cual había una contraprestación porque no había vacuna. Ahora existe y esto tiene una contrapartida que es el cese de la obligación del pago respectivo», insistió Funes de Rioja.
Ya que no se puede imponer, el argumento encontró la excusa en el «cuidado recíproco» ya que «no vacunarse tiene consecuencias», señaló el también presidente de la COPAL al asegurar que esta postura fue consensuada en la Junta Directiva teniendo en cuenta la experiencia internacional y el alcance de la normativa vigente.
Conocedor de la polémica que generará ésta posición, Funes de Rioja anticipó que ésta postura institucional podrá ser trabajada «con los sindicatos sector por sector», pero no implica una recomendación o un mandato a las empresas que analizarán la situación y «después cada una lo aplicara o no».
Respecto a si la UIA contempla la posibilidad de una ola de juicios por esta postura, el industrial admitió que «en la Argentina todo se puede judicializar, pero la UIA no afirma que se tiene que despedir al trabajador sino que cada empresa sabrá qué hacer en la práctica y los riesgos que asume».
