Pese que Iván Duque, presidente de Colombia, retiró su controvertida reforma tributaria, las protestas de sindicatos y organizaciones sociales no cesan en las principales ciudades, luego de una semana de manifestaciones que dejó hasta ahora 19 muertos. Los violentos hechos fueron denunciados por Gobiernos, la ONU y organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
«Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura,» dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Y agregó que «el descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente».
La crisis social hizo que renuncie el ministro de Hacienda y el mandatario retire el proyecto, que incluía el gravamen del IVA para los servicios públicos de los estratos más altos, ampliaba la base tributaria, creaba un fondo para hacer frente al cambio climático y un impuesto para plásticos de un solo uso.
Esta iniciativa marcaba un impacto negativo principalmente en la clase media, ya golpeada por la crisis de la covid-19, porque ampliaba la base tributaria mediante el cobro del impuesto a la renta a partir del año gravable de 2022 a quienes ganan más de 2,4 millones de pesos mensuales (unos 663 dólares de hoy). Para 2023 se preveía extenderla a aquellos que perciben por encima de 1,7 millones de pesos mensuales (unos 470 dólares).
Por otro lado, contemplaba el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario, para los más pudientes. Esos servicios actualmente están exentos del IVA para todos los colombianos y la «Ley de Solidaridad Sostenible», como llamó el Gobierno a la reforma, preveía que en adelante lo paguen los usuarios de los estratos sociales 4, 5 y 6, los más altos de la escala, como parte de la «equidad en la redistribución de cargas tributarias».
La CGT se solidariza con los trabajadores de Colombia luego de la salvaje represión
El rechazo social al proyecto se hizo sentir de inmediato y el Jefe de Estado militarizó las principales ciudades para contener, y reprimir, las diversas manifestaciones, que continúan este miércoles junto con un paro nacional.
En medio de esta coyuntura tan particular, causó rechazo que el expresidente y líder del partido oficialista, Álvaro Uribe, justifique la represión. En Twitter, expuso: “1.Fortalecer FFAA, debilitadas al igualarlas con terroristas, La Habana y JEP. Y con narrativa para anular su accionar legítimo; 2. Reconocer: Terrorismo más grande de lo imaginado; 4. Acelerar lo social; 5. Resistir Revolución Molecular Disipada: impide normalidad, escala y copa”, escribió el mayor representante del Centro Democrático.
