Este jueves, mediante la publicación del Decreto 1020/2020 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió mantener el congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta el próximo mes de marzo, al tiempo que habilitó la renegociación de las tarifas de la luz y el gas a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El texto explica que los acuerdos definitivos o transitorios “deberán formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministerio de Economía, quienes los sucribirán ‘ad referendum’ del Poder Ejecutivo”, pero aclara que “en caso de no ser factible arribar a un acuerdo”, ambos organismos serán los responsables de establecer el nuevo esquema tarifario.
En junio ya se había dispuesto una extensión del congelamiento hasta fin de año, que ahora se renovó por otros 90 días. Pero el mes pasado, el entonces flamante secretario de Energía Darío Martínez anticipó que entre marzo y abril se aplicaría un aumento “de transición” en las tarifas, con un esquema de incrementos diferenciados según los ingresos de cada usuario.
“Tenemos que ir a una tarifa de transición y pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, había explicado entonces el funcionario. Además sostuvo que “un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada” y prometió un avance hacia “un uso más inteligente de los subsidios, que llegue realmente a los sectores más vulnerables, que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa, y que no se vean a obligados a salir del sistema”.
En diciembre de 2019, a días de la asunción del Gobierno de Alberto Fernández, se aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que entre otras cosas declaraba la emergencia pública tarifaria y energética, delegando en el Poder Ejecutivo la potestad de “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos”. En ese contexto fueron intervenidos administrativamente tanto el ENRE y el ENARGAS con el objetivo de ir hacia ese reordenamiento tarifario, pero la epidemia declarada en nuestro país en marzo demoró ese proyecto.
