En medio de la corrida cambiaria que llevó al dólar a superar los 40 pesos, el Gobierno nacional se decidió a aplicar algunas de las herramientas a disposición para proteger el empleo. Ante la multiplicación delos Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), el Ministerio de Trabajo decidió rehabilitar algunos programas y subsidios que permiten defender las fuentes de trabajo.
Una de las herramientas que se venía utilizando con reticencia desde la cartera de Jorge Triaca es la de los programas de Recuperación Productiva o Repro (creados en 2002 por Eduardo Duhalde, como estrategia para contener la oleada de despidos), que implican la asunción por parte del Estado de una parte del sueldo del trabajador en riesgo de despido como para aportar a la defensa del puesto laboral. En la gestión del actual ministro de Trabajo los Repro se subjecutaron fuertemente, llegando a usarse apenas un 10% de los 800 millones previstos en el programa, argumentando que se trataba de una práctica que generaba una competencia desleal entre empresas.
Durante la gestión de Triaca, además el programa Repro se dividió en una parte que sigue con el plan original de entregar un subsidio de 4 mil pesos para defender el puesto de trabajo de un trabajador de una empresa en crisis y una versión denominada “expres” que se brinda cuando tanto empresarios como gremios han acordado la quiebra y exige como contraprestación una significativa flexibilización laboral.
Este miércoles 29, se publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Producción (4/2018) para modificar y flexibilizar los términos del Programa Nacional para la Transformación Productiva, creado en 2016 por el antecesor del ministro Dante Sica, Francisco Cabrera. Originalmente el programa apuntaba a financiar el la reconversión productiva de empresas con producciones poco competitivas a través de créditos blandos para las empresas y un subsidio temporal para los trabajadores despedidos hasta que lograran reubicarse. La nueva normativa habilitar a extender hasta 12 meses el pago del subsidio a los empleados de las empresas inscriptas, como medida de emergencia para intentar contener la crisis social en curso.
