Trabajadores de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, denuncian que se podrían perder hasta 300 puestos de trabajo por un lock out patronal derivado de la intransigencia de las empresas frente a los reclamos gremiales del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
La carta abierta firmada por Silvio Santi, del Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República (SEAMARA) y Mario Orellana Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles (SGyMGM) como representantes de los trabajadores eventuales de Puerto Deseado, destaca que para este sector la realidad es que “si no hay descargas de buques o exportaciones, no trabajamos y por ende no cobramos”. Según detallan se trata de apuntadores, güincheros y estibadores que trabajan con las zafras de calamar, langostino, centolla y merluza.
En el texto detallan que el conflicto comienza cuando el STIA plantea una lucha por paritarias que las empresas responden con un centenar de despidos, ante lo que el gremio se plantea un bloqueo de plantas. Las empresas entonces frenan su producción y el ingreso de barcos que les proveen insumos. En simultáneo se despliega el conflicto del SOMU contra el intento de rebaja salarial para los trabajadores del langostino, que también tiene su impacto en la provincia.
Continúa el paro de SOMU, ahora con bloqueo a las plantas de langostino en Madryn
Los firmantes de la carta se preguntan porqué no se aplica también a las empresas la misma definición de “esenciales” que obliga a los trabajadores a prestar servicio aún en medio de la epidemia, como forma de evitar el lock out patronal. Luego añaden: “Cuando estas mismas empresas explotan nuestro recurso y se lo llevan todo al exterior, dejan muchas divisas, pero esa carga no sale con valor agregado y si sale, es muy poco el porcentaje del total que sale con valor agregado. El gobierno nacional debería cuidar nuestro recurso y obligar a las empresas a aunque sea que el 50 % o más se procese en la Argentina”.
En ese contexto, manifiestan su preocupación por la declaración de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) que “da por perdida” la temporada del langostino. “Entonces nosotros tenemos que esperar en una incertidumbre, ¿qué vamos a llevar para comer a nuestras familias si no va a haber temporada? En síntesis si esto llega a ser un hecho concreto vamos a estar parados desde hoy hasta que comience de vuelta la temporada de calamar el año entrante”.
Además de las cerca de 300 personas organizadas en los tres gremios que organizan a los trabajadores eventuales del puerto, hay que sumar a los despachantes de aduana, a los empleados de mantenimiento de los barcos, a los camioneros, proveedores de víveres, agencias marítimas y otros que totalizan aproximadamente 800 personas.
“El tema es muy complejo. Se llegó a un punto donde parece no haber retorno. Lo que está en riesgo es el sector pesquero de toda la Patagonia y del país, y al parecer la culpa siempre es de los sindicatos. Esto se tiene que solucionar y todos poner su parte. No puede ser que el hilo siempre se corte por lo más delgado. Acá no sabemos si el Estado Nacional está haciendo algo para solucionar esto, ya que desde la provincia vinieron varios ministros y no se pudo destrabar nada. Y al Municipio, como mediador, ya lo excedió”, plantean.
Luego denuncian que las empresas del sector siempre hablan de pérdidas pero evitan hablar de las ganancias extraordinarias que tuvieron en los últimos años “niveles superlativos de exportación” de calamar. En este sentido recordaron las palabras del presidente Alberto Fernández, cuando planteó que “no es hora que las empresas dejen de ganar sino que empiecen a ganar un poco menos para poder sobrellevar esta situación todos juntos”. También remarcaron el problema de la extranjerización de las empresas que monopolizan la explotación pesquera, además con prácticas que depredan el recurso (que podría pasar de ser renovable a no serlo).
Para terminar, coinciden con el planteo de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (Fempinra) que denunció un “lock out patronal” y exigió la normalización del sector. “Siempre perdemos nosotros, los que trabajamos más allá del frio que, por ejemplo, nos envuelve en estos momentos, los que ponen en riesgo su vida -trabajando en plena pandemia y a merced del Coronavirus- para que la riqueza se concentre en unos pocos, mientras los poderosos lo miran, como si fuera una serie de televisión, desde un sillón tomándose un trago”.
