El proyecto de Emergencia Económica elaborado por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires no reúne el visto bueno de los bloques opositores de la Legislatura y tampoco desde sectores sindicales, que pidieron cambios en una iniciativa que será debatida el próximo 7 de mayo.
Para Vamos Juntos, la sanción de este proyecto es fundamental para encarar una caída en los ingresos públicos de la Ciudad que se prevé en “80.000 millones de pesos” para el año 2020, tal como recalcó el ministro de Hacienda, Martín Mura, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto.
En ese sentido, puntualizó que el 50 por ciento de dicha retracción se producirá en “el segundo trimestre” del año. Y dejó en claro que -por el parate económico generado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio- se ha registrado “una caída de la recaudación muy grande, en una parte de marzo, muy fuerte en abril y que se proyecta para adelante”.
“En abril, donde ya empezamos a tener datos, vamos a tener una variación interanual del 6% en términos nominales, lo que te deja 40 puntos por debajo de la inflación”, añadió. También detalló el “alto impacto de la morosidad” registrada en el corto plazo: “En marzo fue del 41% en ABL y 54% en patentes”, duplicando los registros habituales.
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Desde el Frente de Todos criticaron el texto que propuso el Gobierno ya que “no establece medidas concretas para atender las necesidades de los distintos sectores económicos de la sociedad que están siendo afectados por la caída de la actividad, delega funciones propias del cuerpo legislativo al Ejecutivo sin mecanismos de control adecuados, y podría afectar aún más el salario de las y los trabajadores”.
“Pedimos que se incorpore nuevamente el deber de notificar las reestructuraciones presupuestarias a la Comisión de Presupuesto de Legislatura y además, planteamos que se preserve la situación de los trabajadores de la Ciudad “, sostuvieron.
Y solicitaron “información detallada y escrita sobre cuestiones sustanciales como ejecución presupuestaria, avance de la recaudación, disminución fondos IVC, descuentos ABL, saldo Fideicomiso de Corp. Sur, compras y contrataciones, convenios con universidades”.
“Tampoco plantea una tarea específica y diferenciada en las villas, los barrios más humildes de la Ciudad, las pymes, los pequeños comerciantes y monotributistas, entre otros. Quedan muchas dudas pero lo único claro es que intentan disminuir nuestras facultades de control. Como Legisladores queremos ejercer nuestras responsabilidades. Necesitamos mayores funciones y no que nos las recorten”, precisaron.
Postura similar tiene el Frente de Izquierda. Ante la consulta de este medio, la diputada Alejandrina Barry indicó que con este proyecto “como denunciamos con Myriam Bregman se le pretende dar al Ejecutivo porteño una concentración de poderes similar a la de un virrey, que van a aprovechar para el manejo discrecional del presupuesto”.
En esta línea, planteó que “uno de los puntos más preocupantes es lo atinente al salario de los trabajadores. El proyecto se plantea congelamientos de salarios, quita de incentivos y bonificaciones: en los hechos se trata de una rebaja salarial, teniendo en cuenta además que los sueldos de los trabajadores de la Ciudad ya están bordeando la línea de la pobreza. En la reunión de la comisión de presupuesto denunciamos además que se destina partidas a la compra de municiones antidisturbios mientras vemos falta de insumos en los hospitales, poca y mala calidad en la comida para los chicos en las escuelas, como demuestra el fallo a favor de la cautelar que presentamos con Myriam Bregman, familias, docentes y cooperadoras, al que, sin embargo, el gobierno de la Ciudad sigue sin dar respuesta.
En tanto Eugenio Casielles, legislador de Consenso Federal, señaló que “el espíritu es acompañar pero también pedimos que incorporen modificaciones y precisiones. Primero, una emergencia tendría que ser para la instancia del momento en en que se necesita y nos están planteando una emergencia hasta diciembre. Para mí tendría que ser de 3 meses con una prórroga. Segundo: cuantos fondos se van a originar con las modificaciones que plantean y sobre todo cuál es el destino, y son discrecionales. Deberíamos tener precisiones al respecto”.
Desde los gremios ya se alzaron voces en contra. “Venimos de 4 años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El gobierno macrista vulneró derechos y castigó con una inflación incontrolable a la clase trabajadora. No se puede apoyar proyectos que continúen en esa lógica”, expresó Fernando Barrera, dirigente político y sindical (UPCN).
Y comentó que alertan sobremanera los artículos 17 y 19 del capitulo V del Proyecto en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la Ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales.
“Acaso no son los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y sino debería permitirse endeudarse para ello”, reflexionó Barrera, que además es Director del Ente único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Para la CTA la iniciativa es negativa y en caso de que se apruebe «la crisis sanitaria, económica y social se profundizará con más recesión que afectará también a los pequeños y medianos comercios de la ciudad. Pero además de agravar la emergencia con este proyecto pretende mayor discrecionalidad en el manejo del presupuesto luego de las denuncias por sobreprecios en las compras de insumos sanitarios».
«Desde las dos CTA de la Ciudad de Buenos Aires rechazamos este proyecto y llamamos a lxs legisladorxs porteñxs a defender el salario y las fuentes de trabajo de lxs trabajadores de la Ciudad», determinaron.
