Mientras el Gobierno nacional avanza con el proyecto para recortar las jubilaciones de privilegio de distintos sectores, hay jueces que se declaran en guerra contra la iniciativa, mientras que otros aceptan la propuesta como tendiente a una mayor equidad previsional.
El texto oficial de los regímenes de privilegio que ya está en el Congreso le quitaría a los jueces el beneficio del 82% móvil, que les permitía mantener jubilaciones con un ingreso similar al que percibían estando en actividad. El proyecto que circuló la semana pasada en el Congreso dejaba fuera del recorte a los jueces de la Corte Suprema, lo que generó suspicacias en el resto del Poder Judicial.
Un sector de magistrados directamente intentó evitar que el proyecto de ley llegara al Parlamento, con magistrados como Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que definió a la medida como “inconstitucional”. Otros jueces, que no adhieren a la Asociación de Magistrados y se encuentran más lejos del retiro, podrían aceptar la propuesta por considerarla como progresiva en términos de equidad.
Analizan opciones para gravar las jubilaciones de privilegio de los jueces
En los últimos días, el tema se estuvo discutiendo en encuentros de magistrados con la ministra de Justicia Marcela Losardo y con la secretaria legal y técnica de la Nación Vilma Ibarra. Esta semana el sector más crítico de los jueces buscará llevarle su preocupación a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y a legisladores de las distintas bancadas.
El proyecto de ley que impulsa el oficialismo, que se tratará en primera instancia en Diputados, propone una jubilación del 82% pero no sobre el último salario sino sobre el promedio de lo cobrado en la última década (lo que llevaría la jubilación al 60% respecto de lo que cobra un juez activo en la actualidad), además de elevar la edad jubilatoria de 60 a 65 años y aumentar sus aportes en un 7% (lo que los llevaría a 19%).
En medio de estas negociaciones, el titular del gremio de los trabajadores judiciales Julio Piumato se declaró en estado de “alerta y movilización”, convocando a las asociaciones de magistrados a expedirse sobre el tema y afirmando que para su gremio el esquema “resultaría aún más elitista porque excluye a prosecretarios jefes, administrativos y categorías similares”.
El proyecto incluiría al personal del Servicio Exterior, eliminando el 85% móvil sobre su último salario y pasando al mismo régimen propuesto para los jueces, además de eliminar el pago doble por “la prestación de servicios en los destinos considerados peligrosos o insalubres”.
