El Gobierno nacional analiza la posibilidad de gravar con el Impuesto a las Ganancias las jubilaciones de los jueces, tal como lo prometió el presidente Alberto Fernández respecto de todos los regímenes de privilegio. Como se trata de un régimen especial de jubilaciones, amparado por la Constitución, se estudian mecanismos especiales.
Una de las opciones para que estas jubilaciones de privilegio, consideradas “intangibles”, comiencen a tributar pasaría por aumentar el monto de sus actuales contribuciones a la seguridad social de la Anses. Según trascendió, incluso circuló un borrador que proponía aumentar la imposición al 21%, contemplando un 7% adicional cuando estas jubilaciones superen los 100 mil pesos. Se evaluó la posibilidad de que el presidente firme un decreto en este sentido, pero el tema aún no está decidido y podría intentarse la vía legislativa.
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El debate en torno a las “jubilaciones de privilegio” del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y los ex funcionarios del Poder Ejecutivo se dio como parte de la discusión de la Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva. Finalmente la ley estableció el congelamiento por 180 días de la actualización de las jubilaciones, excepto la de estos regímenes especiales, lo que se justificó por el temor a una ola de juicios contra el Estado. Pero Fernández se comprometió a avanzar en una normativa para modificar esas jubilaciones de privilegio.
Ante la complejidad de la situación, el Gobierno postergó el tratamiento parlamentario de la cuestión hasta el mes próximo y recién la semana que viene se formará la comisión que evaluará el sistema previsional, que estará integrada por legisladores y representantes del Ejecutivo y será responsable de proponer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones en un plazo de seis meses.
La iniciativa es resistida por el Poder Judicial, que afirma que su régimen jubilatorio no es “de privilegio” ya que los jueces aportan 10% más que un trabajador en relación de dependencia. En este sentido, anticipan que cualquier intento de imponer un nuevo gravamen desencadenaría una oleada de juicios.
Por otro lado, se alzan cada vez más voces que recuerdan que hay magistrados que cobran jubilaciones de hasta 700 mil pesos mensuales, respecto de las que no tributan, lo que plantea un esquema de fuerte desigualdad ante la ley.
