La reunión entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en vistas de acordar un “paliativo” para los trabajadores del sector privado, que iba a llevarse adelante este jueves a las 13, se postergó hasta la próxima semana, en espera de las resoluciones que se adoptarán en la reunión del Consejo del Salario, que se llevará adelante este viernes, con la presencia de representantes del Gobierno, de los empresarios y de las centrales gremiales.
El objetivo de la CGT para esta reunión con la UIA destinada a “intercambiar pareceres” sobre la situación económica derivada de la devaluación post PASO, intentando avanzar en la evaluación de que el sector empresario se comprometa a dar un plus salarial para los empleados del sector privado, como el recientemente autorizado por el Gobierno para los trabajadores del Estado.
Ya la CGT lo hizo el año pasado en el mes de diciembre, debido a la difícil situación existente para poder terminar el 2018, en medio de una profunda recesión y una devaluación del 105% del peso respecto al dólar, con la pérdida de poder adquisitivo que significa eso.
El 2019, lejos de estabilizarse las variables económicas, la situación se agravó, también producto de la inestabilidad política, con lo cual el pedido de un «plus» se adelantó a septiembre, ya que una nueva devaluación, está aniquilando la economía doméstica de los trabajadores.
Así, desde el Consejo Directivo de la CGT anticiparon una gran «preocupación» y accionaron en consecuencia. «Esta reunión con el sector industrial servirá , además de solicitar el «bono primavera“ para incentivar el diálogo con el sector empresario», afirmaron.
No hubo definiciones concretas respecto al pedido, pues probablemente será luego abordado sector por sector, de acuerdo a la complejidad que esté atravesando cada uno y al contexto económico actual, donde por ejemplo se acaba de sumar una nueva problemática de la que todavía no se habla demasiado: las mayoría de las empresas tenían las sumas para pagos salariales puestas en títulos y bonos que acaban de caer «en una especie de cepo» por tres y seis meses, una estrategia aplicada desde el Gobierno en vistas de cortar la sangría de reservas existente en estos días.
