La Conferencia Episcopal anual de Mar del Plata se desarrolló desde el pasado viernes bajo el lema «Trabajo: clave para el desarrollo humano integral», y cerró este domingo con un comunicado que expresa fuertes advertencias por la crisis del mercado laboral y «el grado de desigualdad social» que vive el país.
La Iglesia inició su debate durante el fin de semana y tomó testimonio de distintos sectores de la política, el sindicalismo y las ONG para plantear alternativas que permitan enfrentar la «grave situación social y el drama de la desocupación, que en el país tiene niveles pico superiores al 10%».
La Semana Social fue inaugurada por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor, Oscar Ojea, quien lanzó duras críticas por la «angustiosa situación económica» y exigió a los dirigentes políticos que se comprometan con la «justicia», la «equidad» y el «diálogo».
El obispo de San Isidro describió un escenario crítico en el país por un nivel de desigualdad que consideró “muy grande y peligrosísimo para nuestro futuro”.
Ojea puso el acento en que por más que la política esté en este momento enfocada a lo electoral “no se pueden descuidar los problemas más urgentes: la alimentación, especialmente de los niños, el desempleo y la angustiosa situación económica”.
El titular de Cepas, monseñor Jorge Lugones, también se refirió en particular a la falta de empleo. Advirtió que cuando la desocupación es estructural “las personas excluidas dejan de estar explotadas para estar descartadas”.
A la tradicional cita de los obispos este año no asistió la gobernadora Vidal, responsable política del territorio más complejo en materia de pobreza, particularmente el conurbano bonaerense. En su representación estuvo el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre quien señaló que “Hay gente que sufrió más de lo necesario en este período, pero entiende que “hay una racionalidad en el proceso político que ahora se está viviendo”.
La lectura del documento final de la Semana Social, se titula “Diálogo y compromiso para construir un modelo inclusivo y sustentable”. En ese sentido, exigieron «a todos los actores sociales: al Estado, los empresarios, los sindicalistas, los movimientos populares, la dirigencia política, las universidades y organismos de ciencia y técnica que nos comprometamos en un diálogo responsable y creativo, pensando fundamentalmente en el Bien Común de la Patria, donde no dejemos de poner los mejores esfuerzos personales e institucionales para revertir esta difícil situación social de presente y de futuro en la que nos encontramos».
