En principio fue una sorpresa, pero ya se presentaron cuatro propuestas para eliminar indemnizaciones, dos proyectos de Juntos por el Cambio y dos propuestas del sector privado con distintos postulados y posibles cambios de leyes. En todos los casos, el argumento es la generación de empleo, aunque por supuesto, no todos coinciden en eso y desde algunos sectores sólo lo señalan como una excusa para flexibilizar las condiciones laborales.
En ese contexto la baja de costos laborales es un eje común del reclamo de las empresas grandes, medianas o chicas como condición para generar nuevos puestos de trabajo, motivo por el cual se multiplicaron y ya llegan a cuatro las propuestas para cambiar el sistema de indemnizaciones.
Para los expertos en derecho laboral, sin embargo, los sistemas más flexibles como el de la construcción no generaron más nuevos empleos, sino que permiten una destrucción más rápida y también un rebote más activo. Y además, advierten, que eliminar indemnizaciones desincentiva a las empresas a resguardar la relación laboral.
De los proyectos, dos surgen desde Juntos por el Cambio, en línea con el anticipo de Horacio Rodríguez Larreta quien días antes de las PASO ya anticipó los lineamientos dela propuesta. Uno corresponde al Diputado por Tierra del Fuego, Héctor Antonio Stefani. El segundo es letra de Martín Lousteau, hoy también dentro de la coalición.
El otro par viene del sector privado: una es la propuesta llamada «mochila argentina» del dueño de TN Platex, el empresario textil Teddy Karagozian y el otro está impulsado por IPA, la asociación de Industriales Pyme de Argentina, quienes señalan que no tienen «capital económico o político» para hacer pero que de todos modos lo presentarán como proyecto de ley.
Pero las voces en contra no se hicieron esperar bajo el fundamento de evitar despidos arbitrarios y la protección que recibe un trabajador que “convive” en condiciones desiguales con el empleador. Y en ese sentido, algunos especialistas refutan la propuesta que está siendo debatida porque “propone socializar ese costo”, cuestión que resulta injusta.
Stefani, abrió el juego con su proyecto para eliminar indemnizaciones. Propone un sistema de garantía para las indemnizaciones que permite percibir la compensación al terminar una relación laboral, sea por despido o renuncia. Ante un cambio de trabajo no habría pérdida de antigüedad y se traslada de trabajo en trabajo.
La propuesta es similar a la «mochila argentina» que plantea Karagozian porque ambos se basan en el modelo austríaco. IPA también plantea que el fondo podría cobrarse como complemento a la jubilación al final de la carrera laboral.
La propuesta de Stefani se financia a partir de la nómina salarial, con fondo fiduciario en base a los aportes que «se actualizará por inflación», según promete. El fondo de cada trabajador incluso se plantea como hereditario.
El proyecto Lousteau promueve un reemplazo de la obligación de empleadores de pagar una indemnización en caso de despido sin causa, por el aporte a un Fondo de Cese Laboral que asumiría tal obligación, «aunque con una indemnización recortada, ya que se reduce la base de cálculo y se elimina el preaviso», analizó el centro Cifra de la CTA. El aporte patronal máximo es del 12% sobre las remuneraciones para el primer año y del 8% para los subsiguientes.
Los analistas sostienen que se trata de un porcentaje significativo, que para las y los empresarios representa un costo igual o mayor al de una indemnización. Un mes de salario por año trabajado equivale al 7,7% sobre el salario anual, remarcan y se preguntan si «en un contexto de salarios deprimidos y con una elevada inflación que socava su poder adquisitivo, es posible asegurar que ese costo efectivamente lo asuma la parte empresaria.
Desde el sector de pequeñas y medianas empresas, la entidad de industriales pyme IPA que preside Daniel Rosato promueve la creación de un fondo de compensación laboral y asegura «tener el consenso en los sindicatos».
El proyecto de «mochila argentina» del empresario Teddy Karagozian, se trata de un seguro para las empresas sobre su nómina salarial y pagado por ellas. Se trata de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que alimente un fideicomiso administrado por el ANSES, la Superintendencia de Seguros, y una Entidad de Control, que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, consiguiendo que puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.
Todavía hay muchos cuestionamientos respecto a su funcionamiento en la economía inflacionaria que presenta la Argentina, pues «no queda claro cuál va a ser el índice de actualización de esos aportes que se hagan al Fondo o qué puede llegar a pasar si las inversiones que realice ese Fondo no sean lo suficientemente rentables para cubrir los costos de los despidos», más aún por ejemplo si fuera un despido masivo.
La mayoría de estas presentaciones están basadas en el modelo austríaco, y la verdad es que el contexto económico y la idiosincrasia de aquel país es bien distinta a la nuestra. Acá el formato más parecido a éstas propuestas que se ha llevado adelante es el del sector de la construcción, pero los datos desmienten que haya favorecido la mayor contratación de personal.
