En el marco de la causa que investiga millonarios préstamos irregulares de la banca nacional al grupo empresario Vicentin, este miércoles el fiscal Gerardo Pollicita, a través del Ministerio Público Fiscal, pidió la inhibición general de bienes para el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, titular de la entidad bancaria durante el macrismo, y varios empresarios de las firmas involucradas.
El pedido de inhibición de los bienes se extiende a los exdirectivos del Banco Nación Lucas Llach, Agustín Arce, Carlos Alberto Castelani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose, Ercilia Antonia Nofal, Juan José Fragati, Martín Enrique González, Susana Ojeda, Maricel Moschini y José Luis Testa. También se pidió la inhibición general de bienes de las personas jurídicas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., además de solicitar que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.
El dictamen de Pollicita detala: “Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
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El fiscal que tiene delegada la investigación del caso añadió: “A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
Respecto los créditos por más de 18.500 millones de pesos que irregularmente aprobó el Banco Nación, se añade en el dictamen: “Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”.
En relación con la causa por la quiebra de la empresa, que tramita en la provincia de Santa Fe, el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, convocó a una conciliación entre partes para llegar a un acuerdo. Están citados los directivos de la empresa, autoridades del gobierno de Santa Fe, y funcionarios de la Inspección General de Personería Jurídica provincial. La audiencia se realizará el próximo 15 de julio y también participará la sindicatura, que por el momento tiene a su cargo la administración de la empresa. El juez también solicitó que la empresa presente sus balances.
Días atrás, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, le llevó su plan al presidente Alberto Fernández: intervención hasta que se resuelva el proceso judicial del concurso de acreedores pedido. Mientras tanto, el gobierno nacional busca avanzar avanzar con un “salvataje” vía intervención, o directamente una expropiación de la empresa.
Vicentin atraviesa hoy un concurso preventivo de acreedores con una deuda declarada en torno a los $100.000 millones. La que es una de las principales agroexportadoras del país le debe al Banco Nación un préstamo de cerca de u$s300 millones que tomó durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora dice no poder pagar. Además bancos internacionales acreedores de Vicentin estimaron que sus directivos desviaron US$ 400 millones como parte de las “grandes irregularidades financieras” que denunciaron en el proceso judicial que se sustancia en la justicia de Nueva York y por lo cual reclamaron documentación a la compañía.
