Para esta semana se espera la continuidad de los pagos de los sueldos atrasados a los trabajadores de la empresa Vicentin, retomados a partir del último miércoles, aunque el destino que la intervención quiere darle al funcionamiento de la cerealera sigue siendo una incógnita.
De hecho, desde varios sectores ven en este accionar con flujos hacia los salarios adeudados, una intención de descomprimir la situación, recargada aún más en la zona portuaria con el hallazgo de un cargamento de cocaína, en proceso de investigación con varios detenidos y las necesidades de políticos y funcionarios provinciales de no sumar denuncias y demandas en el proceso de campaña electoral con comicios ya en marcha en varios distritos.
La viabilidad en la intención de darle vida a un funcionamiento virtuoso de Vicentin, no gana muchos adeptos, por lo que la discusión pasa por reestructurar la adecuación y re distribución de la actividad en la zona, con la intención de ir sorteando las dificultades que plantean los procesos judiciales, las exigencias de las cámaras para seguir produciendo, abasteciendo el mercado interno y generando divisas, mientras las discusiones con los trabajadores se enmarcan en los procesos paritarios que los gremios de la actividad ponen en superficie.
Así, si bien exhiben un acuerdo en su accionar, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), que encabeza Daniel Succi y la Federación que agrupa a trabajadores oleaginosos, desmotadores (con un conflicto puntual que incluyó recientes medidas de fuerza) y aceiteros, que lidera Daniel Yofra; deben atender las prioridades con los matices que les marcan los tiempos en las negociaciones y la relación con las cámaras del sector, las empresas de la actividad y en el caso puntual de Vicentín a partir de las decisiones que toma la actual intervención.
Algo similar sucede en el proceso político, en lo que hace a las discusiones de agenda, por las demandas que deben asumir los candidatos de las distintas fuerzas partidarias y el posicionamiento de una radicalización desde el campo sindical , protagonizando protestas a partir de conflictos sectoriales y definiendo nuevas medidas consensuadas por las centrales sindicales, CGT y CTAs.