Este jueves el juez civil y comercial de la ciudad santafecina de Reconquista que tiene a cargo el concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, verificó 1.727 reclamos de acreedores sobre los 2.638 presentados. El 75% de estas deudas es con proveedores de granos (productores, acopiadores y cooperativas) a los que polémicamente el magistrado decidió pesificarles las acreencias, mientras que mantuvo la dolarización en las deudas con el Banco Nación y con otras entidades bancarias del extranjero.
La decisión del juez, que desde el inicio del proceso viene jugando a favor de la cuestionada dirección de la empresa, generó fuertes críticas de los acreedores. El abogado Gustado Feldman, representante del llamado Grupo Grassi (principal acreedor individual del concurso), directamente definió a la resolución como “una genuflexión” en favor de los bancos extranjeros. El letrado agregó: “Tres de cada cuatro acreedores de Vicentin son productores, al 92% de ellos les pesificó la deuda y se las licuó en un 40%, y de eso ofrecieron pagar el 40% en 10 años, es decir que la licuación es del 85%”.
“Se tendrá presente la causa del crédito, a los efectos de establecer la moneda en que fue pactada cada obligación dineraria, por cuanto muchos bancos nacionales realizaron operaciones en dólares estadounidenses pero las acreditaciones fueron concretadas en pesos al cierre de cambio con el BCRA. No obstante ello, tratándose de pre-financiaciones para exportaciones deviene indiscutible la existencia de un obligación de dar sumas de dinero pactada en moneda extranjera, por su propia naturaleza jurídica”, justifica la resolución de Lorenzini.
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Pero sólo al Nación se le reconoce la deuda en dólares, mientras que se pesifica para Banco Hipotecario, Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Santander Rio, Nuevo Banco de Santa Fe, Macro e Itaú. También se pesifica la deuda de USD 14 millones de Oleaginosa Moreno, sucursal de la multinacional Glencore en Argentina.
El magistrado también reconoció una millonaria deuda en dólares reclamada por Vicentin Paraguay (USD 37,8 millones) y por Renova SA (USD 24,1 millones), ambas empresas vinculadas al grupo empresario Vicentin. En el mismo sentido, Lorenzini verificó deudas con numerosos accionistas de la empresa, incluyendo a las familias Buyatti, Vicentin, Nardelli y Padoan, lo que generó una oleada de indignación entre el resto de los acreedores. Para Feldman, “esta es una diferenciación de trato entre actores de un solo mercado totalmente dolarizado”, lo que implica “dejar el control de la empresa en manos extranjeras y no en bancos nacionales, salvo el Nación, en una clara postura estratégica”.
También el diputado provincial santafecino Carlos del Frade cuestionó la medida judicial, planteando que “una vez más ganaron los bancos internacionales, la matriz de la financiarización de la economía, y aún no queda claro cómo y cuándo cobrará el Banco Nación”. Y agregó: “Es imprescindible saber que Vicentin fugó 795 millones de dólares entre agosto de 2019 y enero de 2020 que eran propiedad del pueblo argentino y que esa maniobra delictiva no debe quedar impune”. “El juez Lorenzini debe admitir que Vicentin no es solamente Vicentin Saic si no un conglomerado de empresas en la Argentina y otros países y que, de hecho, en febrero de este año seguirán las investigaciones sobre lavado de dinero a través de Vicentin Paraguay”, concluyó el legislador.
