La situación de la agroexportadora Vicentin entró en terreno de definiciones y, mientras el principal acreedor de la empresa denuncia la propuesta de pago como abusiva el directorio de la empresa presiona a la Justicia, amenazando que si no se acepta su oferta la única opción que le queda es el cierre, con la imposibilidad de pagar sus deudas y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.
El juez de civil y comercial del concurso de acreedores Fabián Lorenzini tendrá diez días hábiles para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para concretar el pago de su deuda de más de 1.500 millones de dólares. Pero aquí, más allá de que la presentación del grupo empresario logró cumplir con el porcentaje exigido de acuerdos de sus acreedores, hay un sector que denuncia que como “abusiva” la propuesta de Vicentin, que en algunos casos contempla quitas de hasta un 80%.
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El principal acreedor de la empresa, el Banco Nación (al que Vicentin le debe más de USD 300 millones) anticipó hace unos días que “impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago”, remarcando que la oferta resulta “extremadamente desfavorable para el banco” en tanto “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda”.
Mientras que los directores de la empresa sostienen que la propuesta es “viable” y que por lo tanto “la salida está a la vuelta de la esquina”, la Justicia todavía debe aprobarla, considerando además que hay sectores que sostienen que el acuerdo es “impracticable”, en tanto incluye la venta a Viterra Argentina por 310 millones de dólares (una operación que está inhibida por dos resoluciones judiciales del fuero penal de Rosario).
Un comunicado oficial de la agroexportadora enfatizó que “en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin”. En este sentido, remarcaban que una decisión judicial en ese sentido “provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”. Desde la Comisión legislativa que sigue el concurso, consideraron que esta amenaza empresarial de cierre “tiene un profundo olor a extorsión”.
