Después de una demora de 24 horas por la falta de aprobación de la justicia local, finalmente el allanamiento sobre la sede central de la agroexportadora Vicentin de Santa Fe ordenado por el juez federal Julián Ercolini se concretó durante la mañana de este viernes. El objetivo es sumar documentación a la causa que investiga las posibles maniobras de fuga de dinero y de lavado realizados por la empresa después de haber accedido a irregulares créditos millonarios cedidos por el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
El allanamiento fue dispuesto en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de 18 mil millones de pesos en créditos del Banco Nación a la cerealera bajo la gestión del radical Javier González Fraga, quien hoy se encuentra procesado, pese a que la empresa ya contaba con millonarias deudas impagas y esos montos ponían en riesgo la integridad financiera del banco. En ese marco ya hay varios ex directivos del banco procesados por incumplimiento de los deberes de funcionarios público.
En ese contexto, el Gobierno nacional primero propuso expropiar la empresa y luego retrocedió para aceptar la propuesta del gobernador santafecino Omar Perotti respecto de la constitución de un fideicomiso para darle continuidad a la empresa, a condición de que los directivos responsables de las cuestionadas maniobras de vaciamiento no sigan a cargo de la gestión. Pero el juez santafecino Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de la agroexportadora, trabó todas las iniciativas oficiales, garantizando la continuidad del clan Vicentin en el directorio.
Según el secretario de Justicia de Santa Fe Gabriel Somaglia, la propuesta provincial pasaba por el cumplimiento de dos condiciones: “La primera es que se aparten los directivos actuales de la conducción de la empresa y la segunda que las acciones sean resguardadas por el encargado de llevar el fideicomiso en carácter de administrador”. Y añadió: “Si esas dos condiciones no se dan porque los directivos no están de acuerdo en ceder posiciones, no hay motivo para continuar el diálogo ante el juez”. La posición de exigir la salida de los directivos de Vicentin de la conducción de la empresa durante el concurso también era compartida por la mayoría de los acreedores, que reclaman deudas millonarias.
“Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado”, concluyó el funcionario después de la fallida segunda reunión de conciliación convocada por el juez este jueves, cerrando definitivamente toda posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa. El nuevo bloqueo judicial abre las puertas a que desde el Gobierno nacional vuelvan a evaluarse estrategias para garantizar la continuidad de la estratégica empresa cerealera.
