Un reciente informe elaborado por el Banco Nación detalla las maniobras de vaciamiento y fuga de capitales llevadas adelante por los dueños del Grupo Vicentin, que apresuraron la venta de activos no inhibidos por la justicia y enviaron el dinero obtenido a cuentas en Uruguay en vez de utilizarlo para saldar sus deudas con la entidad bancaria y con el resto de sus acreedores, incluyendo trabajadores de empresas como Algodonera Avellaneda que vienen reclamando atrasos salariales hace meses. En las últimas horas también fue recusado el juez Fabián Lorenzini, magistrado a cargo del concurso de acreedores de la compañía, alegando que no garantizar la imparcialidad necesaria.
El Banco Nación viene llevando adelante una fuerte ofensiva contra la empresa, que durante la gestión macrista del banco obtuvo millonarios créditos que nunca pagó, en una causa que se encuentra en la Justicia Federal y ya cuenta con varios procesdos. En los últimos días, desde el Nación se denunció la venta del 50% del frigorífico Friar, seguida por la transferencia de los fondos logrados por la operación a Uruguay, por lo que se pidió a la Justicia se anule la operación por constituir un claro proceso de vaciamiento empresario.
Vicentin vende activos y fuga capitales: Denuncian posible vaciamiento e «insolvencia fraudulenta»
El abogado Gustavo Feldman, en representación de uno de los acreedores de Vicentin, fue quien recusó a Lorenzini, adjuntando al pedido material probatorio que confirmaría la amistad personal del magistrado con algunos de los dueños de la cerealera. En este sentido, denuncia que en Reconquista se formó una suerte de “mesa judicial” para defender los intereses del grupo empresario, lo que se reflejó, entre otras cosas, en la obstaculización a la intervención impulsada por el Gobierno Nacional y el de la provincia de Santa Fe. El letrado también había solicitado hace algunas semanas en los tribunales rosarinos que se investigue a los dueños de la empresa por posible estafa.
Después de meses de dilación, finalmente Lorenzini pidió a la empresa que presenta su balance oficial del año 2019, que venía resistiéndose a entregar, en clara irregularidad. La auditora internacional KPMG, que estaba a cargo de la fiscalización de los balances de la firma, en los últimos días confirmó que renunciaba a ese rol, presentando un escrito ante el juzgado. El balance estaría siendo auditado por un estudio contable local, lo que abre nuevas sospechas sobre las posibles influencias empresarias.
