La Justicia bonaerense ordenó la detención de dos directivos del Sindicato de Camioneros de San Nicolás por el bloqueo realizado en febrero de 2021 a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro «Rey Distribución»: se trata del titular de la seccional nicoleña del gremio de los Moyano, Maximiliano Cabaleyro, quien, además, es concejal del Frente de Todos, y el dirigente gremial, Fernando Espíndola.
En febrero, la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a Cabaleyro, Espíndola y a algunos empleados de la firma. A los dirigentes sindicales, se les imputan los delitos de «turbación de la posesión» y «extorsión». La medida aún no se hizo efectiva, dado que paralelamente existe un pedido de eximición de prisión por parte de los acusados. Ese recurso legal, deja la detención en suspenso hasta que se conozca el fallo de la Cámara respecto a la solicitud planteada por la defensa de los involucrados.
La situación se agravó con una protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados.
La acusación fue impulsada por el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), quien denunció que los manifestantes impedían que los camiones salieran a trabajar.
Desde el entorno sindical, explicaron que la medida «es un disparate» y que «no tiene razón de ser. Jamás se puede detener a un sindicalista en el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, apuntaron al «lafware» político- judicial, encabezado por el «Procurador Julio Conte Grand» y anticiparon que este jueves, la cúpula de Camioneros liderada por Pablo Moyano estará en la localidad de San Nicolás para respaldar a los sindicalistas. En ese marco, brindarán una conferencia de prensa.
La investigación fue llevada a cabo por la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, a quien el Juez de Garantías le avaló el pedido de detención.
El fallo de la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui es inédito: hasta ahora, nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, que se han generalizado en todo el país, aunque hay siete causas judiciales que se tramitan ante distintos juzgados y que podrían terminar con condenas contra quienes practican esta modalidad de protesta.
