Después de que el Gobierno nacional del Javier Milei amenazara a los sectores de supermercadistas y formadores de precios con una apertura general de importaciones para presionar a la baja los precios del mercado interno nacional (que con la inflación de más de 13% de febrero redondearon una suba interanual de 276%), sectores productivos nacionales que van de la Unión Industrial Argentina (UIA) a sectores de pequeñas y medianas industrias plantearon duras críticas a esta política, que se entiende como destructora de la industria nacional.
Aunque la UIA acompaña muchas de las medidas del oficialismo, en este caso se remarcó que la apertura de importaciones podría perjudicar la competitividad de los productores locales y representa un trato desigual para la industria, especialmente para las empresas agrupadas dentro de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal).
En un contexto desfavorable para la industria, con fuertes caídas en los índices de producción y venta desde inicios de año, el titular de la entidad industrialista Daniel Funes de Rioja (también titular de la Copal) planteó la necesidad de “desarrollar nuevos instrumentos de política industrial, junto con acciones para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo”. En este sentido, propuso la implementación de “líneas de financiamiento, medidas tributarias, laborales, entre otras”.
Desplome de la actividad económica en febrero y más caída del salario en términos reales
“Mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”, explicó la UIA en un texto publicado este martes.
Desde el sector Pyme Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, se alertó porque la medida “provocará la quiebra de miles de Pymes industriales y una destrucción masiva de puestos de trabajo, lo que generará una espiral de la crisis económica y social de los argentinos”. “No se tuvieron en cuenta la suba de los costos de la producción que generó la liberación de precios luego de la devaluación de diciembre, ni la rentabilidad inédita de las grandes cadenas de supermercados, que casi duplicaron los precios que se envían desde las fábricas”, agregó. Y concluyó: “Echarles la culpa a los fabricantes locales de productos de la canasta básica por la suba de la inflación es una decisión tan desmesurada como errónea. Las Pymes nos enfrentamos a una crisis de la producción desde mucho tiempo, con una inflación de costos que restringió al máximo la rentabilidad de las empresas. La caída del consumo generó un estado de alerta”.
Desde el oficialismo se respondió a estos planteos por medio del vocero presidencial Manuel Adorni, quien este miércoles, luego de plantear que el Gobierno “respeta” la opinión de la UIA, reivindicó la decisión del ministro de Economía Luis Caputo “de, dentro de las circunstancias, el contexto y las limitaciones que tenemos en materia cambiaria y en disponibilidad de reservas, empezar paso a paso a abrir la economía con productos básicos”.
Luego Adorni afirmó que la “farsa” de cerrar la frontera para proteger la producción nacional acaba perjudicando a los que menos tienen, hecho ya demostrado por el “profundo fracaso” económico de años anteriores. “Hay que tener cuidado cuando uno habla de cerrar para proteger. No hablo de la UIA. En términos generales cerrar la economía suele beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos. Cuidado con cerrar el país para proteger la industria nacional porque ha dado muestras de absoluto fracaso. Terminemos con la farsa de ‘cerremos la frontera para jugar entre nosotros a vendernos cosas’. Lo único que hacemos es perjudicar a todos los argentinos, en especial al que menos tiene”, concluyó.
