La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) acusó a la actual intervención de la Obra Social de la actividad (OSPRERA), de realizar «falsas acusaciones por motivaciones políticas», en un informe presentado por las autoridades que, de facto, se encuentran administrando la salud de los afiliados a la entidad, a quienes expresaron desde el gremio, «denunciarán en la justicia penal».
En un comunicado oficial, el Consejo Directivo de UATRE detalla que «en los casi 60 días que pudo accionar administrando la OSPRERA» -durante el mes de septiembre y casi todo octubre del año pasado, «implementó transparentes e importantes mejoras, hasta que en una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el gobierno volvió a intervenirla».
Según afirman desde el gremio, «durante el corto período de tiempo que José Voytenco presidió la Obra Social sin las intervenciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, se trabajó sobre un Plan de recuperación financiera y operativa, enfocado en los beneficiarios y las familias rurales», donde «se desvinculó de OSPRERA a todos los responsables administrativos que se encontraban a cargo de las contrataciones que detalla el informe».
Paralelamente afirman, se renegociaron «las condiciones de compra con significativas mejoras para OSPRERA con los principales proveedores de medicamentos haciendo que la Obra Social se ahorrará miles de millones de pesos mensuales, y en ese sentido, contrató una auditoría externa para agilizar y controlar las provisiones de medicación oncológica y de alto costo» y se «reemplazó a los cargos gerenciales desvinculados con profesionales recurriendo a muy pocas incorporaciones de personal y funcionarios».
De hecho las autoridades de UATRE, denuncian que «desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado casi 60 empleados, directos o indirectos a la OSPRERA, todos con sueldos millonarios». Y mencionan puntualmente que Marcelo Petroni, el actual interventor designado por el Poder Ejecutivo Nacional, «cobró un honorario profesional de un millón cuatrocientos mil pesos por dos días de trabajo». Además de resaltar que desde la intervención «en tres meses cambiaron a cinco Gerentes de Prestaciones sin que ninguno supiera de qué se trata OSPRERA ni ninguna otra Obra Social».
Específicamente mencionan «conflictos prestacionales», señalando que «a fines de diciembre una droguería embargó a la intervención de OSPRERA por no haber atendido una demanda». Y denuncian que «la intervención contrató prestaciones en seis provincias a un valor muy por encima del habitual, perjudicando a los beneficiarios de manera directa».
También acusan a la intervención de OSPRERA de «haber dejado a los pacientes oncológicos y de alto costo sin la correspondiente auditoría profesional, generando un mayor retraso en la entrega de las medicaciones y un significativo perjuicio económico».
Aunque por supuesto resaltan que «los más perjudicados por la intervención son los afiliados», y sostienen que «los reclamos de los beneficiarios se han duplicado en estos últimos tres meses por la falta de prestaciones, de medicación, de atención y de respuesta».
Por último, el sindicato que lidera Voytenco, reafirma que «la única solución para la OSPRERA y para todos los trabajadores rurales del país, es que sea la UATRE a través de las autoridades que designe, la que administre su Obra Social, ya que tiene la honestidad, la capacidad, la fortaleza y el interés consagrado en la Constitución Nacional, para salir de esta difícil situación y volverla a situar en el lugar que corresponde».
