Nuevamente a través de asambleas gestionadas por trabajadores y delegados de las distintas actividades, periodistas, productores, técnicos y operadores de la Televisión Pública, aprobaron continuar realizando acciones gremiales en reclamo de mejoras salariales y condiciones de empleo, denunciando tener congelado el poder adquisitivo desde mediados de 2024.
La actual intervención, cruzada incluso por el próximo destino del vocero del gobierno, Manuel Adorni, hecho que podría modificar nombres y cargos en la conducción -debido a objetivos encontrados dentro de la gestión de la administración libertaria-; ofreció un incremento salarial en la misma línea de las propuestas realizadas a los trabajadores estatales de otros organismos, con porcentajes de incremento de entre el 1 y 1,3%. Esta oferta fue rechazada de manera unánime, ya que el reclamo se basa en «una pérdida del 40%» en los ingresos, de agosto del año pasado a la fecha y, según afirman las autoridades de la emisora, «niegan la posibilidad de abonar sumas extras» ni incluir en el ofrecimiento «un porcentaje salarial retroactivo a los sueldos correspondientes al mes de mayo».
Por esta razón, los gremios que nuclean a los trabajadores del ex Canal 7 (SATSaid, Sipreba, Fatpren, APJ y SALCO), decidieron acompañar la radicalización de las medidas de fuerza, que incluirán más paros por turno -sufriendo la programación un mayor deterioro en la calidad de su proyección diaria-, además de repetir «abrazos solidarios», y podría concluir en un paro total durante el mes de julio, en caso de no arribar a ningún acuerdo de aquí a esa fecha.
