Este martes se confirmó la imputación penal del ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros funcionarios de su área en la causa que investiga presuntas irregularidades en el precio de comercialización del gas que fue dolarizado durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que podría constituir un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
La imputación de Aranguren y otros siete ex funcionarios de área energía fue decidida por el fiscal federal Guillermo Marijuan a partir de la denuncia presentada por el actual titular del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) Federico Bernal. Los otros imputados son: el ex presidente del Enargas Mauricio Ezequiel Roitman, los ex directores del organismo Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau y la ex gerenta de Legales del Enargas Marcela Paula Valdez.
El Enargás cuestionó la dolarización del gas y denunció penalmente a Aranguren
El origen de la denuncia se encuentra en la convocatoria oficial realizada por el Gobierno en noviembre de 2017, cuando Energía citó a productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS), con el objetivo de fijar por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según se plantea en la denuncia, ese tipo de contrato fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
Al momento de presentar la denuncia, desde del Enargas explicaron cómo fue la operatoria cuestionada: “Así, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales. Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada”. Desde el ente calcularon que la dolarización de las tarifas de gas habría generado un perjuicio económico de más de 560 millones de dólares (393 millones contra el fisco y el resto contra usuarios del servicio).
Red de multisectoriales apoyó la denuncia del interventor del Enargas contra Aranguren
La Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina (RNM) expresó su apoyo a la denuncia presentada por Bernal, considerando que “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541”.
Aranguren tiene otras causas en la Justicia, siendo una de las más destacadas la denuncia por la compra de gas a la petrolera Shell de Chile, empresa de la que el ex ministro había sido uno de sus CEOs inmediatamente antes de asumir su cargo público en el gobierno de Macri. Por esta causa fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, lo mismo que la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, aunque luego la Cámara Federal dictó la falta de mérito, por lo que la investigación continúa, solicitando una serie de medidas de prueba adicionales.
