Transporte convocó a tres entidades de la Mesa de Enlace al Consejo Federal de la Hidrovía

En medio de fuertes disputas políticas incluso internas, el Gobierno Nacional convocó a tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace agropecuaria para participar de la primera reunión plenaria del Consejo Federal de la Hidrovía, que se realizará el próximo 22 de febrero, instancia en la que se definirán estrategias para el corredor estratégico fluvial Paraná-Paraguay, cuya concesión privada vence este año. Fuertes críticas por una posible continuidad de la privatización definida por el menemismo en los noventa y cuestionamientos respecto posibles perjuicios para el Estado.

El Ministerio de Transporte, por medio de la Resolución 37/2021, convocó a 40 entidades de diversos ámbitos al encuentro, incluyendo a ministerios e instituciones estatales, universidades, asociaciones profesionales, gremios y cámaras comerciales e industriales. La reunión se llevará adelante en Rosario el próximo 22 de febrero a las 10 de la mañana. El Consejo, que discutirá una posible nueva concesión de la principal vía fluvial del país, fue conformado el pasado 17 de diciembre y cuanta con la participación de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe; además de las carteras de Transporte, Desarrollo Productivo e Interior como miembros permanentes.

La “Hidrovía”, la vía navegable troncal más importante del país, que vincula más de 80 puertos argentinos de los ríos Paraná y de la Plata, por donde circulan 4600 embarcaciones al año con el 75% de las exportaciones del país, fue privatizada por el menemismo en 1995, entregándole la concesión a la empresa Hidrovía S.A., consorcio integrado por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa. En 1998, el contrato para las tareas de dragado y balizamiento luego se extendió de los diez años originales a 18, pese a que en los términos originales se planteaba que sólo podía renovarse al fin del contrato. En estos años de concesión, que concluyen en abril, la empresa además se vio envuelta en numerosos escándalos.

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El anterior ministro de Transporte Guillermo Dietrich se preparaba para renovar la concesión, a pesar de los reclamos en contra por los antecedentes de la empresa, pero la derrota electoral del macrismo frenó esos planes. A inicios de su mandato, el presidente Alberto Fernández había prometido que serían las provincias involucradas las que gestionarían la Hidrovía, por medio de una Sociedad del Estado. Pero en noviembre pasado, sorpresivamente se publicó el decreto 949/2020 que deja en manos de la cartera de Transporte el llamado a una nueva licitación, lo que viene generando fuertes polémicas internas en el Gobierno.

En los últimos días, el senador nacional oficialista Jorge Taiana pidió se cite al ministro de Transporte Mario Meoni al Congreso para informar sobre “todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización de la Vía Navegable Troncal”, proponiendo además la conformación de una comisión bicameral de seguimiento sobre el tema, ya que en la estructura actual de canales muchos de los buques que cargan en puertos argentinos tienen obligatoriamente que desembocar en Montevideo, debiendo pagar tributos innecesarios allí, que debería recibir el Estado argentino.

Como alternativa, se plantea la inclusión del llamado Canal de Magdalena en el esquema de Hidrovía, lo que permitiría una circulación entre los puertos nacionales sin tener que atracar en Uruguay. Frente a este cuestionamiento, en las últimas horas Transporte creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena”, para avanzar con un llamado a licitación para “tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema del canal”, que conformaría un “corredor logístico nacional en beneficio de las actividades productivas regionales y su inserción competitiva en los mercados internacionales”.

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También Pedro Wasiejko, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, planteó sus críticas a la posible reprivatización: “El decreto que salió debería ser anulado y cambiado por otro. Si se avanzara en esta línea se estaría ratificando lo mismo que se hizo durante los 90”. Y añadió: “La empresa privada que tiene la concesión de la hidrovía busca naturalmente lucro, y el Estado nacional no tiene control. El sistema que defienden la Bolsa de Cereales de Rosario y los puertos privados es un negocio para pocos. Si queremos tener un sistema troncal seguro debe haber controles para que no pase ninguna embarcación sin que se tenga registro. No hay inconvenientes para que haya participación del sector privado pero hay cuestiones en los que el Estado debe tener una presencia importante. No puede ser que las reglas las fije la Bolsa de Comercio de Rosario”.

Como manifestación de la multiplicidad de presiones en torno al tema, en los últimos días, distintas entidades rurales habían hecho público su malestar por no haber sido convocadas a la reunión: “El grueso del Comercio Exterior de la Argentina se realiza por esa vía, y nadie duda del peso del agro al hablar de participación en las exportaciones. Sin embargo, las entidades que representan a quienes producen los bienes que mayor incidencia tienen en las exportaciones, no son invitadas por las autoridades para formar parte del ámbito donde se va a definir el destino de esa gran autopista que desemboca en el Río de la Plata”. Ante el planteo, fueron invitadas al encuentro Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y CONINAGRO, mientras que fue dejada de lado la Federación Agraria Argentina.

Los organismos invitados al encuentro son: Ministerio de Defensa de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Prefectura Naval Argentina, Servicio de Hidrografía Naval, Instituto Nacional del Agua, Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Tecnológica Nacional, Consejo Federal de Inversiones, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Unión Industrial Argentina, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Consejo Portuario Argentino, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara Naviera Argentina, Federación de Empresas Navieras Argentinas, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Asociación Argentina de Ingeniería Naval, Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios, Asociación Civil Prácticos República Argentina, Centro de Navegación Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Fundación Humedales, Fundación Taller Ecologista y Fundación Cauce Ambiental.