Por estas horas -y durante todo el lunes-, reuniones por Zoom entre funcionarios y sindicalistas intentan destrabar los graves hechos de violencia que protagonizaron militantes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) durante el fin de semana en el puerto de Buenos Aires y que tienen paralizada la actividad portuaria bajo amenaza de las empresas de dejar de operar si no se morigera el conflicto.
Tal como anticipábamos ayer en Estado de Alerta, al repudio unánime de la FEMPINRA a los incidentes, se suma la denuncia penal efectuada desde la Administración General de Puertos (AGP), al tomar conocimiento de los hechos de violencia en las instalaciones.
En este sentido, se espera alguna sanción por parte de los ministerios de Transporte y de Trabajo, donde durante este martes habrá encuentros presenciales –a la que fueron citadas todas las partes- para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto salarial.
Desde la FEMPINRA advirtieron que Juan Corvalán el titular del SUPA, cuenta con antecedentes que dan credibilidad a los hechos que el domingo en la madrugada terminaron con heridos de bala y decenas de detenidos. Fue el mismo titular de Guincheros, Roberto Coria, quien señaló que Corvalán “se maneja con bandas que después no puede controlar”.
Tal es el caso de los disparos, -donde un video que circula advierte lo confuso del ataque- y por el contrario a lo dicho, parece que las balas habrían venido de los mismos atacantes del SUPA y no del personal de seguridad portuaria.
Ante los enrarecidos hechos, las audiencias en la cartera que conduce Claudio Moroni, podrían servir para poner paños fríos y devolverle al puerto la tan ansiada calma que necesita por éstas horas para reacomodarse, en horas claves donde se proyecta comenzar con un despegue económico que habla de un fuerte componente «exportador», o por lo menos, ese es el deseo del Ejecutivo nacional, en momentos donde la economía muestra números en rojo y la pandemia muestra su peor cara.
