El Sindicato de Trabajadores Viales presentó una ampliación de denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 6, «por posibles delitos cometidos en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)», en base a información recabada por el sindicato, a partir de fuentes vinculadas al organismo y una publicación realizada por un medio periodístico.
La ampliación de otras presentaciones judiciales realizadas por el gremio que conduce Graciela Aleña, es en el marco de la causa CFP 1826/2025, donde según declaran «apunta a hechos de extrema gravedad institucional». Entre ellos se señalan «el presunto vaciamiento de funciones del personal técnico de la DNV, desplazándolos de tareas estratégicas vinculadas a la elaboración de proyectos, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas y la entrega de áreas técnicas a empresas contratistas mediante la figura de asistencia técnica», lo que según afirman, «implicaría una privatización encubierta de funciones estatales esenciales; la violación de leyes vigentes y principios constitucionales que garantizan el control y la transparencia de la obra pública».
En el mismo sentido la denuncia abarca «fondos que, por ley, deben asignarse a la DNV a través de impuestos específicos como el de los combustibles líquidos». Según informó el sindicato, «esos recursos fueron recaudados pero retirados arbitrariamente de su destino legal, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas nacionales, caminos y en la provisión de elementos de seguridad para el personal vial».
“El Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, estaría violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía”, denunció Aleñá. Como prueba de esta afirmación, desde el sindicato dieron a conocer que «recientemente la Dirección Nacional de Vialidad destinó más de tres mil millones de pesos (USD 2.400.000) para contratar a la empresa Elipgo S.A., con el fin de montar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central». «Una maniobra» que el sindicato califica como “arbitraria, innecesaria y de ningún modo prioritaria”.
“Mientras» -manifiestan- «las rutas están en estado calamitoso, y los trabajadores no tienen los insumos básicos de seguridad, la DNV gasta miles de millones para controlar a su propio personal». «Esto no es un error» -concluyen-, «es una decisión dolosa de desmantelar el rol del Estado en la obra pública y favorecer negocios privados”.
Y dan como ejemplo de «la gravedad» de la situación, «el siniestro ocurrido en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 145, donde los bomberos de Ceibas debieron intervenir tras un accidente generado por el mal estado del camino». Por lo que exigen a la Justicia «que investigue a fondo estas maniobras, se cite a ratificar la denuncia y se dispongan las medidas necesarias para impedir la continuidad del daño y el riesgo a la población, conforme lo habilita el artículo 23 del Código Penal».
