Desde la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas) criticaron en duros términos la aprobación de la Ley Bases que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Senado, denunciando que su aplicación tendrá efectos muy negativos, aunque destacaron la gran cantidad de concesiones que debió hacer el poder ejecutivo, incluyendo temas clave como el impuesto a las ganancias o la moratoria previsional.
Más allá de la aprobación, el sindicato que conduce Rubén Ruiz, remarcó que el oficialismo debió retrotraer gran parte de su iniciativa para aprobar la ley. El sindicato resaltó que esto habla «de su debilidad y una puesta en escena digna de la casta que, supuestamente, prometió combatir”. En este sentido, recordaron que originalmente Milei pedía facultades delegadas en once áreas por dos años pero finalmente obtuvo cuatro por un año, lo que es “malo pero más acotado”.
APJ Gas destacó que el Gobierno tampoco obtuvo la derogación de la moratoria previsional que buscaba, con la que los trabajadores y trabajadoras que no alcanzaban los 30 años de aportes ingresaban a la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM) equivalente al 80% de la jubilación mínima.
También se rechazó la restitución del impuesto a las ganancias sobre el salario por 41 a 31 votos, proyecto que de avanzar “hubiera implicado la incorporación de un millón de trabajadores/as bajo el injusto tributo” y se rechazaron las modificaciones a Bienes Personales, aunque manteniendo el blanqueo de capitales y el Régimen de Regularizaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.
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El gremio consideró que también la reforma laboral y la precarización “dieron un paso más”, ya que “se aprobó que los empleadores puedan regularizar vínculos laborales no registrados con eximición de multas y sanciones y también la eliminación del Registro de Sanciones Laborales” y se votó a favor de la creación de la figura del “trabajador/a independiente” (en la práctica sin relación patrón-trabajador/a) para empresas de hasta tres empleados. “No obstante, se incorporó una norma precautoria: el artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes, o sea, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, jurídica o económica”, aclararon.
En el área laboral, también se amplía el período de prueba hasta a un año, dependiendo del tamaño de la empresa, y dejando en manos de la justicia la posibilidad de un despido con causa por bloqueo o toma de establecimientos. Además, se eliminó la potestad de pasar a disponibilidad a los trabajadores/as estatales que se encuentre de licencia por enfermedad o accidente, embarazo o matrimonio y que, además, no puedan ser puestos en disponibilidad hasta que no venza el período de su licencia.
“El oficialismo avanzó con normas destructivas para desguazar el Estado pero se logró limitar el número de empresas a privatizar: se eliminó del listado a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión del Estado; se excluyó la intervención de la CONEA y no se podrán disolver los organismos vinculados a la cultura”, detallaron.
En cuanto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) “que discrimina a la industria nacional, deja intactas las posibilidades de entrega de recursos naturales y actividades estratégicas y permite una serie de beneficios impositivos y disponibilidad de divisas inverosímiles”, aunque también hicieron foco en el hecho de que se haya limitado su alcance a las áreas de infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, industria forestal y turismo, y que se haya incorporado además “un plan de desarrollo de proveedores locales”.
Desde APJ Gas alentaron las expectativas que implican que ahora sea el turno de un nuevo debate en la Cámara de Diputados. «El oficialismo insistirá con artículos denegados. Los trabajadores/as no aflojamos. No a la reforma laboral, a la entrega de recursos estratégicos ni a la regresión impositiva”, concluyeron.
