El Sindicato de Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), liderado por José Pasotti, denunció este miércoles a la Federación Empresaria Argentina de la Industria del Caucho (FAIC), a su presidente Daniel Luchetti (Esat S.A) y a su secretario Silvio Ronconi (Nitrophyl) por “calcular de manera diferente” la implementación del aumento del salario mínimo garantizado de $85.000 que se firmara el pasado 17 de mayo en el Ministerio de Trabajo.
“Solo ellos saben de dónde sacaron los cálculos, porque no dan de ninguna forma. De esta manera, perjudican de mala fe a todos los trabajadores del caucho”, afirmó Pasotti, quien confirmó que ya se presentó la denuncia del caso ante el Ministerio de Trabajo”.
Tras largas discusiones con la FAIC el SOCAYA había logrado plasmar un acuerdo con un incremento salarial del 55% hasta noviembre de 2022, sumando al 2% que estaba a cuenta. Además, se logró elevar el salario mínimo garantizado a $85.000 por mes. Pero luego, cuando ambas partes presentaron las escalas salariales para su homologación, la FAIC calculó de otra manera el salario mínimo garantizado. Las diferencias son notorias ya que, por ejemplo, para julio el gremio calculó $93.500 y FAIC $91.967; para septiembre $102.859/$99.631 y para noviembre $113.050/$107.992.
En cuatro reuniones diferentes, el gremio expuso claramente que la nueva base salarial era de $85.000 y que los aumentos deben ir sobre esta base y no sobre la de $61.550 del año pasado, como pretende tomar la FAIC. Por este motivo, Pasotti confirmó que la situación fue denunciada “de manera urgente al Ministerio de Trabajo”, el cual ya convocó a las dos partes.
Y agregó: “Queremos que los empresarios sepan que esta conducción no está dispuesta a perder ni un solo peso ni a regalar nada. Lo que se firma hay que cumplirlo, le guste o no a la FAIC”. Luego remarcó que “al no haber acuerdo, le solicitamos al Ministerio de Trabajo poder firmar el acuerdo general y que resuelva el tema del salario mínimo y su ajuste”.
Por último, el secretario General agradeció a la directora de negociaciones colectivas Gladys Lemma quien intentó hacer entender a los empresarios que estaban equivocados, pese a lo que continuaron en su postura intransigente. “Pedimos firmar el acuerdo porque no queremos perjudicar a los trabajadores por una actitud mezquina de dos empresarios sin representación y un abogado”, explicó el dirigente y concluyó: “Queremos la urgente homologación y que el Ministerio se expida sobre esta diferencia que, en porcentajes es mínima, pero es de los trabajadores y no se lo vamos a regalar a la FAIC”.
