Mientras continúan los incendios forestales en varias provincias del país, a raíz de lo que hace algunos días el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declararon la “emergencia ígnea en todo el territorio nacional” por un año, el titular de la cartera ambiental Juan Cabandié es objeto de fuertes críticas desde distintos sectores por la falta de una respuesta contundente desde su área para luchar contra incendios que en algunos casos ya llevan semanas. Sólo en los alrededores del Parque Nacional Nahuel Huapi, el fuego ya consumió más de 4 mil hectáreas de bosques nativos.
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental Sergio Federovisky explicó que según las estimaciones oficiales la emergencia se extenderá porque se prevé un “período de sequías prolongadas” y de “corrimiento de las temporadas secas en cada estación”. Y añadió: “Muy probablemente, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año. Las políticas del combate contra el fuego en situaciones climática adversas y con tanto material combustible en el suelo resultan ineficientes más allá de todos los recursos a disposición que se pongan”.
Más allá del impacto indiscutible del cambio climático, las críticas al manejo del área se multiplican porque este escenario está planteado hace años y no parecen haberse hecho las inversiones suficientes para desplegar fuerzas efectivas que puedan combatir los incendios. Desde distintos sectores se compara el presupuesto y las herramientas que destina nuestro país al tema con las de Chile, con resultados claramente preocupantes. Mientras que en el país transandino se destina un presupuesto de 160 millones de dólares a la lucha contra el fuego, con una flota de 65 aeronaves, en nuestro país el presupuesto es diez veces menor y la dotación de aviones es de cerca de la mitad, siendo que hay mucho más territorio que cubrir. Además, la mayoría de las aeronaves son contratadas al sector privado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), más allá de algunas pertenecientes a las Fuerzas Armadas nacionales.
El impacto de los incendios no sólo se manifiesta en destrucción de ecosistemas sino que también genera todo tipo de perjuicios sanitarios y económicos para las poblaciones de la zona, en algunos casos con destrucción de bienes materiales y pérdida de vidas y en otros con un impacto negativo en diversas áreas de la producción e industrias clave para las economías provinciales como la del turismo, con el lógico correlato económico y de pérdida de empleos.
Duro trabajo para evitar un «ecocidio» productivo a causa de los incendios
Desde que comenzaron los incendios en diciembre, se han registrado fuegos en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa, siendo los más graves los de la región patagónica. Allí trabajan unos 300 brigadistas y 17 medios aéreos, principalmente en las zonas del Nahuel Huapi, la Comarca Andina y Aluminé (en los últimos días del año cayó un helicóptero que estaba combatiendo el fuego en esta última región, evento en el que perdieron la vida sus dos tripulantes). Los focos más intensos, que siguen activos, se ubican en los lagos Martin y Steffen, cerca de Bariloche.
En los últimos días, Cabandié defendió su gestión, afirmando que se aumentó el presupuesto del área y que en 2021 se quemaron tres veces menos hectáreas que en el año anterior. También denunció que los incendios en la zona de Córdoba y otras provincias son “intencionales” y apuntó contra la Justicia ya que no hay un detenido por estos delitos ambientales. El ministro afirmó: “Los ganaderos no dejan de prender fuegos. Los apagamos y los vuelven a prender. Son ecosistemas necesarios para la vida y el planeta. Es una actitud irresponsable y la justicia no actúa. La justicia no detuvo a nadie después de 6 meses de incendios en el Delta. Parece que están mirando para otro lado”. Y concluyó: “Está bien que nos escandalicemos con lo que pasa en el Amazonas, pero acá tenemos que hacer lo mismo. Nos está pasando lo mismo que a Brasil. Tenemos que penalizar el delito de deforestación”.
Más allá de las explicaciones oficiales, algunos sectores de la oposición ya están planteando la posibilidad de pedir la interpelación del ministro en el Congreso nacional, para que de cuenta de la situación en el inicio de la temporada de verano y de las herramientas con las que cuenta su cartera para enfrentar la temporada de incendios que se prevé se extienda durante los próximos meses de altas temperaturas a nivel nacional.
