La prestación básica universal del servicio de internet y telefonía celular parece ser un hecho. Había sido anticipado hace algunos meses y ahora está en etapa de reglamentación, no sin resistencias por parte de las empresas prestadoras.
Es que el presidente, Alberto Fernández declaró “un derecho humano básico, el acceso a la conectividad o el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”, y por ende “declaró servicio público esencial en competencia, es decir, a diferencia de los otros servicios públicos acá hay más de una empresa por área de cobertura o por zona”.
La razón es simple: “hoy todo el mundo necesita estar comunicado para estudiar, para trabajar, para tener una consulta médica, para llenar los formularios en el ANSES y cobrar un subsidio”, es decir que “la conectividad es a la sociedad post industrial del siglo XXI lo que la energía lo fue a la sociedad industrial del siglo XX, un servicio esencial”, comparó Gustavo López, Vicepresidente del ENACOM.
“Entonces, para garantizar ese acceso en el decreto se estableció una prestación básica universal de carácter obligatorio para las empresas y como un derecho del ciudadano, son servicios más limitados pero muy accesibles. Está destinado a la gente que cobra menos de 40 mil pesos, que realmente hoy es según el INDEC la línea de pobreza, que tiene que a lo mejor poner el 50% de su ingreso en el alquiler, el resto es para comer y vestirse y necesita estar comunicado porque los chicos tienen clases.
Para las empresas prestadoras “se autorizó el 5% y el 8% para las más chiquitas para salir del congelamiento” pese a la resistencia de las empresas que insisten en que “con esos magros incrementos está amenazado el funcionamiento de las compañías”.
Más allá de eso en el Gobierno aseguran que el “proyecto es viable”. Lo que nosotros le estamos explicando a las empresas es que “si declaramos servicio universal a todas estas tecnologías y les aumentamos un 30% a la gente de qué servicio universal vamos a hablar si la gente no lo va a poder pagar”, insistió López.
A diferencia de lo que ocurre con los servicios públicos tradicionales aquí no hay un valor de referencia, por eso “nosotros el aumento que permitimos es sobre el último precio no congelado que es el de julio. Y ahí cada uno tiene un precio diferente, no es que todos tienen el mismo precio, lo que sucede con la luz, el agua y el gas es que hay un precio para el KW, para el millón de BTU o que hay un precio para el m3 de agua, entonces depende lo que consume es lo que se paga”, ejemplificó el funcionario.
Audio entrevista completa – AM770 – Radio Cooperativa
En cuanto al nivel de la prestación “no he visto un empeoramiento proporcional al incremento de la demanda” señaló López, recordemos que la pandemia incrementó la demanda de circulación de datos entre un 40 y un 50% y las redes no explotaron, siguieron funcionando. “Yo atribuyo las quejas a que hay redes buenas y hay redes malas, hay redes de cables de cobre, redes de cable coaxil de la década del 80 y hay sólo un 15% de redes de fibra óptica, el resto son redes que todavía hay que mejorar, ahí estamos haciendo una inversión fuerte”.
